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Con el propósito que se lleve a cabo una investigación tendiente a establecer responsabilidades respecto a la eventual extracción ilegal de áridos desde la ribera del río Cachapoal, este fin de semana el parlamentario por la Región de O’Higgins, Dr. Juan Luis Castro, ingresó un requerimiento formal a la oficina regional de la Superintendencia del Medio Ambiente.
Denuncia a empresa Áridos San Vicente
En el documento, junto con adherir a la denuncia realizada por la Municipalidad de Rancagua, se solicita determinar eventuales infracciones a la normativa medioambiental por parte de la empresa Áridos San Vicente, así como su vinculación con una excavación instalada en un terreno particular aledaño a la empresa, de 300 metros de largo por 80 de ancho y 50 de profundidad, donde inspectores municipales habrían constatado la circulación permanente de camiones transportando material desde la excavación hasta la planta de áridos.
Sucesivas extracciones ilegales
Según Castro, “la situación denunciada por el municipio de Rancagua, hace un par de días, viene a coronar una sucesiva de hechos irregulares de extracciones ilegales de áridos en la ribera del Río Cachapoal, donde ha habido una tierra de nadie, y donde algunos inescrupulosos se han aprovechado para intentan hacer, ilegalmente, ese tipo de extracción”.
A reglón seguido, el diputado señaló que, si bien “aquí hay empresas que están legitimadas y tienen sus permisos, también están aquellas que son anónimas y actúan subrepticiamente”.
"no hay una resolución de calificación ambiental"
El congresista aseveró que “Aquí no hay una resolución de calificación ambiental, por lo tanto, un plan de cumplimiento no existe, por ende, lo que corresponde es evaluar una declaración de impacto ambiental si procede, cosa que hemos pedido formalmente, y que acogió la superintendente del Medio Ambiente regional, Daniela Marchant”.
Daños por desviar el cauce del río Cachapoal
En esa misma línea, el parlamentario adelantó que “habrá una visita formal de inspección a terreno la próxima semana”, mostrándose confiado en que se contará con “una acción clara de la autoridad para delimitar, exactamente, los ámbitos en que están ocurriendo estas extracciones ilícitas que tanto daño han producido, por desviar el cauce del río, y porque muchas de ellas se realizan sin contar con permisos ni autorizaciones municipales, ni de ninguna especie”.