Hasta el 8 de julio pasado la ley 19.223, era la normativa legal que regía y tipificaba los delitos informáticos en el país. Sin embargo, debido a la naturaleza de aquellos delitos, que se van actualizado permanentemente, conforme a las nuevas herramientas digitales que van surgiendo, el poder legislativo redactó un nuevo cuerpo legal que contempla nuevos delitos y entrega nuevas facultades para su persecución.
De acuerdo a lo señalado por el prefecto Juan Meyer, jefe regional subrogante de la PDI O’Higgins, “la nueva ley (21.459), que rige a partir del 9 de junio, se ajusta con otras legislaciones que van en la dirección del Convenio de Budapest del 2001, sobre la ciberdelincuencia y, en ese sentido, ahora se consideran como delitos, entre otros, el acceso ilícito a información mediante herramientas digitales, el ataque a la integridad de datos informáticos, la interceptación ilícita, la receptación de datos informáticos, la falsificación y el fraude informático”.
La Ley 21.459, entrega a la Policía facultades similares a las que poseen para investigar delitos asociados al tráfico de drogas, como lo son la interceptación de comunicaciones, la utilización de identidades supuestas y la figura del agente revelador, que tendrá la facultad -previa petición del Ministerio Público a los juzgados de garantía correspondientes- de intercambiar datos con infractores de la ley, con la finalidad de poder identificarlos y establecer sus modos de operar.
Según señala el prefecto Juan Meyer, “debido al poco tiempo transcurrido desde que la ley entró en vigencia, no existen datos representativos de los nuevos delitos, pero por información que nos ha entregado nuestro Centro Nacional de Análisis Criminal, durante los primeros cuatro meses del presente año, las Brigadas Investigadoras de Ciber Crimen acogieron 191 denuncias. El 35% de ellas corresponde a almacenamiento de material con contenido de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes; mientras que en menor porcentaje les siguen los delitos de estafas y otras defraudaciones; y delitos de sabotaje informático”.
En la Región de O’Higgins, a pesar que la PDI no cuenta con Brigadas Investigadoras del Cibercrimen, es posible realizar las denuncias relacionadas a aquel ámbito en cualquiera de sus cuarteles policiales y, dependiendo de la complejidad del caso, la investigación podría ser derivada por el Ministerio Público a una unidad territorial o a la brigada especializada con asiento en la Región Metropolitana.