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Las contribuciones, también conocidas como impuesto territorial, son un cobro obligatorio para los dueños de propiedades en Chile, aplicado sobre el valor de casas, departamentos o terrenos. Este tributo se paga en cuatro cuotas anuales (abril, junio, septiembre y noviembre) y financia servicios municipales esenciales como recolección de basura, alumbrado público y mantención de áreas verdes. Además, a través del Fondo Común Municipal, redistribuye recursos a comunas con menos ingresos.
Un sistema con baja recaudación y problemas de equidad
Según Santiago Truffa, académico del Centro Inmobiliario de la ESE Business School de la Universidad de los Andes, el impuesto enfrenta serias deficiencias. "Hoy, solo uno de cada cinco propietarios paga contribuciones, lo que limita fuertemente su capacidad recaudatoria", explica.
Además, el sistema actual no considera los ingresos reales de las personas, generando situaciones injustas. "Una persona mayor que compró su casa con esfuerzo puede tener hoy ingresos bajos, pero seguir pagando un impuesto alto. Eso debe corregirse", señala Truffa.
Beneficios postpandemia, pero insuficientes
Tras la pandemia, el Servicio de Impuestos Internos (SII) implementó exenciones de hasta 100% y rebajas del 50% para jubilados y propiedades de menor avalúo. Sin embargo, estos alivios no resuelven los problemas estructurales del sistema.
Propuesta: Vincular el impuesto a los ingresos del dueño
Truffa plantea una reforma que relacione el pago con la capacidad económica del propietario. "Debemos evitar que alguien pague más de lo razonable según sus ingresos. Así ampliaríamos la base de contribuyentes y mejoraríamos la equidad", sostiene.
Esta modernización es clave en el debate tributario actual, buscando un sistema más justo que garantice mejor financiamiento para los municipios y, con ello, servicios públicos de calidad para todos los chilenos.