La diputada por la región de O'Higgins, Natalia Romero, instó a buscar alternativas para bajar el costo de los peajes a usuarios frecuentes, especialmente a los vecinos de la región que deben trasladarse diariamente a Santiago por motivos laborales y que enfrentan un alto costo en el pago de las autopistas urbanas concesionadas, una carga que calificó como difícil de sostener mes a mes para familias completas que destinan parte importante de su sueldo solo para poder llegar a su trabajo.
Comisión Especial Investigadora del TAG
La parlamentaria es integrante de la Comisión Especial Investigadora (CEI) sobre el sistema de TAG, instancia que comenzará a sesionar el próximo lunes en el Congreso Nacional. Desde esa comisión, adelantó que impulsará una revisión a fondo del sistema tarifario vigente, así como la evaluación de mecanismos de flexibilización para los usuarios frecuentes, particularmente para quienes residen en regiones y deben ingresar diariamente a la capital.
¿Qué propuestas legislativas se tramitan en el Congreso sobre las autopistas?
En el Congreso ya se tramitan diversas iniciativas legales vinculadas a las autopistas concesionadas, entre ellas proyectos para eliminar las multas derivadas de dispositivos tag con desperfectos, regular o congelar las alzas anuales de las tarifas, y resguardar las garantías del usuario frente a las sociedades concesionarias, incluyendo una moción que busca hacer aplicable la Ley 19.496 sobre protección de los derechos del consumidor a la relación entre concesionarias y automovilistas.
¿Qué argumentos entregó la diputada para justificar esta demanda?
La diputada enfatizó que esta discusión tiene una dimensión particular para la Región de O'Higgins, considerando el número de trabajadores que se desplazan diariamente hacia la Región Metropolitana. Señaló que está absolutamente de acuerdo en buscar todos los mecanismos disponibles, como tarifas diferenciadas, horario valle extendido y convenios comunales, para aliviar este costo, sobre todo en medio del alza de las bencinas que también encarece los traslados, y calificó el tema como una cuestión de justicia territorial para quienes viven y trabajan fuera de Santiago.