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¿Qué pasó?
El pasado 8 de enero, el sacerdote Juan Carlos Urrea presentó ante la Corte de Apelaciones de Rancagua un Recurso de Protección en contra del Obispo Luis Fernando Ramos, administrador apostólico de la Diócesis de Rancagua. Esto, con el fin de acceder legalmente a la carpeta de la investigación previa.
"acceder legalmente a la identidad de quien me denuncia"
“y de esta forma acceder legalmente a la identidad de quien me denuncia y ejercer mi derecho a una defensa de acuerdo a la Constitución y las Leyes de mi país”, expone el presbítero Urrea en un documento en que da cuenta del proceso que ha vivido en el año 2019.
Acceso denegado a su abogado
En el papel, el sacerdote denuncia que “Este acceso ha sido denegado a mi abogado, Alberto Meza, con fecha 6 de septiembre de 2019, señalándose que ‘la copia de las actas de una investigación no pueden ser proporcionadas, excepto por un mandato expreso del Juez’”.
Faltas que han afectado el debido proceso
A juicio del presbítero Juan Carlos Urrea, el Proceso Canónico realizado, desde la toma de la denuncia y la realización de la Investigación Previa “se han incurrido en graves faltas que han afectado los principios del debido proceso, tal como lo expuse en la solicitud de Nulidad de dicha investigación (previa) presentada con fecha 9 de septiembre de 2019”. Copia que fue enviada a la Congregación para la Doctrina de la Fe, el pasado 3 de octubre del 2019.
Vulneración sobre derechos humanos
El sacerdote afirma“Considero que se han vulnerado derechos de la Constitución Política de mi país, artículos de la Convención de América sobre derechos humanos referidas al debido proceso, lo que ha conducido a la ejecución de actos ilegales, que han llevado a que la presentación de esta acción cautelar, sea la única forma que tengo para recurrir y obtener las copias de la Investigación Previa, y así poder ejercer mi derecho a una defensa de acuerdo a la Constitución y las Leyes de mi país”.
Proceso Penal Administrativo
Agrega Urrea que el 10 de enero, por medio de terceros se enteró del inicio del Proceso Penal Administrativo en su contra, mientras que días antes (26 de diciembre de 2019) le solicitaba al Vicario Judicial de la Diócesis de Rancagua tener conocimiento previo de la totalidad del documento, antes de firmar la notificación del Proceso Penal Administrativo, a lo que asegura “no tener aún respuesta oficial a la solicitud”, dando a conocer que “La petición que le hacía al Vicario Judicial, tenía como objetivo salvaguardar todos los derechos del debido proceso y así estructurar adecuadamente mi defensa en los distintos foros que corresponda”.
Declaran admisible Recurso de Protección
El mismo día 10 de enero, la Corte de Apelaciones de Rancagua declaró admisible el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales presentado en contra del Obispo de Rancagua.