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Este lunes 26 de agosto, la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto que establece el uso de cargadores universales para aparatos tecnológicos, con lo que la iniciativa se convierte en ley.
Normativa de cargadores universales
La nueva normativa dispone el uso de un cargador universal estandarizado para diferentes tipos de dispositivos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, tablets, y videoconsolas portátiles, tanto alámbricos como inalámbricos. De esta forma, las empresas deberán garantizar la interoperabilidad común entre los equipos y sus dispositivos de carga, a través de una interfaz de carga y un protocolo de comunicación de carga compatibles.
Opciones para los consumidores
Además, la ley establece que las empresas comercializadoras de dispositivos móviles deben ofrecer a los consumidores la posibilidad de adquirir sus dispositivos tecnológicos con los aparatos de carga o por separado, prohibiendo cualquier modalidad que ate o supedite la adquisición de un dispositivo de carga a la compra de otro producto. También se indica que las empresas deben informar adecuadamente a los consumidores sobre si el dispositivo de carga está incluido y proporcionar detalles sobre otros dispositivos de carga compatibles.
¿Qué dijo el director nacional del Sernac?
El director nacional del Sernac, Andrés Herrera, quien participó activamente en la tramitación de esta ley, destacó los beneficios que esta traerá para los consumidores, fortaleciendo el derecho a la libre elección de bienes y servicios y evitando la venta atada de cargadores con dispositivos tecnológicos. "Esta ley es un avance hacia un consumo más sustentable, pues permitirá a los consumidores optar por no adquirir nuevos dispositivos de carga, lo que contribuirá a disminuir la producción de residuos electrónicos", señaló Herrera.
Impacto a largo plazo y sanciones
Herrera también mencionó que esta normativa permitirá a futuro la estandarización de otros tipos de cargas, como las inalámbricas vía NFC, alineando a Chile con la regulación europea en esta materia. Además, destacó que las empresas deberán comercializar los dispositivos con o sin cargadores, prohibiendo la venta atada y simplificando el uso de equipos electrónicos. En caso de incumplimiento, las empresas podrán enfrentar multas de hasta 300 UTM, equivalentes a cerca de 20 millones de pesos por cada infracción.
Plazos de implementación
Estas nuevas obligaciones entrarán en vigencia en un plazo de dos años desde la publicación de la ley en el Diario Oficial para los dispositivos de telefonía móvil y de cuatro años para los demás dispositivos móviles de información y telecomunicaciones.