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El pasado 30 de septiembre, la Contraloría Regional de la República entregó su informe final respecto a la investigación sobre el proyecto Carretera El Cobre, revelando serias faltas administrativas que involucrarían al Gobierno Regional (Gore) y la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Faltas administrativas y caos vial
En un documento de 131 páginas, la Contraloría expone que existieron "faltas administrativas por parte del Gobierno Regional y la Dirección de Vialidad, tanto en los estados de pago a la empresa como en la ampliación de plazos para la paralización de obras". Estas decisiones, sin justificación real, habrían generado un caos vial que afectó a miles de usuarios de la vía, particularmente en Rancagua y Machalí. Así lo señaló el consejero regional Lenin Arroyo, quien fue uno de los principales impulsores de esta auditoría.
Falta de resguardo del patrimonio fiscal
“Me parece grave que el Gore no resguarde el patrimonio fiscal, los recursos de todos los chilenos. El informe es claro al señalar que el Gore no ha procedido a registrar contablemente las eventuales responsabilidades o derechos por las boletas de garantías recibidas en el marco del contrato, las que ascienden a más de 10 mil millones de pesos, correspondientes a garantías por fiel cumplimiento de la obra. Tampoco la Contraloría advierte el citado registro de garantías recibidas por concepto de canje de retenciones. Esto es muy grave porque tenemos funcionarios públicos que gastan dinero de todos los chilenos pero no resguardan el buen uso de los recursos públicos. Esta empresa pudo haber quebrado, se van con la plata, y nadie, absolutamente nadie había hecho los resguardos de las garantías” indicó el consejero regional Lenin Arroyo.
Negligencias en la fiscalización
El consejero regional también apuntó a la responsabilidad de Vialidad en la supervisión del proyecto. "Vialidad debía supervisar técnicamente el desarrollo del contrato y fiscalizar, pero fueron negligentes e ineficientes", señaló Arroyo, añadiendo que las paralizaciones de obra, autorizadas por el MOP bajo el pretexto de falta de fondos, no se ajustaron a las causales permitidas por la normativa.
"Por dignidad, debiesen renunciar e irse para la casa"
Finalmente, Lenin Arroyo pidió la renuncia de varios funcionarios involucrados en el proyecto, incluyendo a la seremi del MOP, María de los Ángeles Latorre, el director de Vialidad Maurice Dintrans, y el gobernador regional Pablo Silva Amaya. "Por dignidad, debiesen renunciar e irse para la casa", declaró el consejero, enfatizando que la ministra de Obras Públicas debería tomar medidas inmediatas para terminar cuanto antes un proyecto que ha traído graves consecuencias a la comunidad.