Esta semana, la Fiscalía solicitó la extradición del chileno y depredador sexual Agustín O’Ryan, desde Argentina, país en el que está desde 2022, luego de haber huido de Chile por una condena en su contra, por abuso sexual y violación.
La fiscal de la Región del Maule, Carmen Manríquez, solicitó a la Fiscalía su extradición desde el país trasandino, luego de haber sido detenido en aquel país. El Tribunal acogió los antecedentes y fueron enviados a la Corte de Apelaciones de Talca.
El académico de la Facultad de Derecho UAndes, Édgar Fuentes-Contreras, comenta que para que se concrete una extradición debe, como en este caso, “debe existir un Estado requirente (Chile) y un Estado requerido (Argentina), los cuales, en ejercicio de la cooperación internacional, cuentan con tratados internacionales de extradición. Dichos tratados pueden ser bilaterales o multilaterales; siendo, en todo caso, tratados de carácter previo y que, además, debe haber sigo integrado a los sistemas jurídicos nacionales”, comenta.
En el caso de Chile, el tratado que permite esos procesos con Argentina es la Convención sobre Extradición suscrita en Montevideo en 1933. Dicho tratado fue firmado por varios Estados, como Colombia, Ecuador, Argentina, por supuesto, Chile, entre otros.
En diciembre del año 2023, se llegó a un acuerdo para un nuevo tratado de extradición con Argentina, pero necesita ser incorporado en el sistema normativo chileno al igual que en el argentino.
Actualmente, explica el docente UAndes, “la regla general es que los procesos de extradición pueden durar unos treinta días corridos a partir de la notificación de la Cancillería, lo cual en la práctica puede llevar un aproximado de cuarenta días, los que se podrían extender, dependiendo de las circunstancias. Al final, el plazo para efectuar la extradición suele estar señalado es el tratado, pero, que se realice depende, por ejemplo, si la persona que fue solicitada para extradición tiene un proceso penal en trámite o está cumpliendo una pena privativa de la libertad, o incluso si el traslado puede considerarse que afecte o ponga en peligro la salud de la persona. La idea esencial, es que se cumplan y garanticen todos los derechos de la persona que está siendo solicitada en extradición y las posibles víctimas en el Estado requerido. Por eso, participan distintas instancias judiciales. Entre esas, tiene que intervenir la Cancillería, que hace los pedidos de carácter internacional”, finaliza.