La Dirección General de Aguas (DGA), dependiente del Ministerio de Obras Públicas (MOP), ha realizado un positivo balance respecto a su labor de fiscalización en la región de O’Higgins durante el primer semestre de 2024. Según el informe entregado por la ministra de Obras Públicas, Jessica López, se han aplicado multas en la región por un total de 5.609 UTM, equivalente a 369.638.709 millones de pesos. A nivel nacional, se cursaron 380 multas, sumando un total de 4.150 millones de pesos.
La ministra López destacó la relevancia de estas acciones, señalando que "la labor de fiscalización del Ministerio y la Dirección General de Aguas durante el primer semestre del año 2024 es una gestión cada vez más intensa; en el escenario de escasez hídrica se hace cada vez más importante para el adecuado, correcto y uso estricto del agua que las personas naturales o jurídicas tienen asignadas".
En O’Higgins, se han resuelto un total de 49 multas a personas jurídicas y naturales, lo que refleja la firmeza con la que se está abordando el cumplimiento de las normativas relacionadas al uso del recurso hídrico. La seremi de Obras Públicas, María de los Ángeles Latorre, subrayó la importancia de estas fiscalizaciones al afirmar que "es un importante trabajo realizado por la Unidad de Fiscalización de la DGA en la región, ya que permite garantizar que el uso del agua se realice de manera responsable y dentro del marco legal establecido. Nuestro objetivo no es la recaudación de dinero, sino asegurar que se respeten las normas y avanzar en la seguridad hídrica de todos los habitantes de nuestra región".
Entre las infracciones más sancionadas en O’Higgins se encuentran el monitoreo de extracciones efectivas, el incumplimiento en el registro de obras, la falta de instalación de sistemas de medición y transmisión, y la no información de la extracción de caudales. Además, se han detectado casos de extracción de agua no autorizada y la modificación de cauces, como la extracción de áridos y la realización de obras sin los permisos correspondientes.
Finalmente, se reitera que la labor de la DGA no busca fines recaudatorios, sino que pretende prevenir infracciones y promover un uso sostenible del agua, contribuyendo a la protección de un recurso vital que cada vez es más escaso.