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La impactante denuncia sobre la venta y esclavización de una menor de origen boliviano en un campamento de Rengo ha generado profunda preocupación entre autoridades y ciudadanos. Ante la gravedad del caso, la diputada por el distrito 15, Marcela Riquelme, junto al concejal de la comuna, José Díaz, presentaron una querella criminal en el Juzgado de Garantía contra todos quienes resulten responsables por el delito de trata de personas.
Autoridades buscan justicia y sanciones ejemplares
La querella fue interpuesta la mañana de este lunes 14 de abril y apunta a castigar a autores, cómplices y encubridores del delito de tráfico y trata de migrantes. Según la investigación, la menor habría sido comercializada por $350.000 y mantenida en condiciones de esclavitud, lo que ha sacudido a la opinión pública y revelado una preocupante realidad en los sectores más vulnerables.
Declaraciones firmes frente a la vulneración de derechos
“Hemos concurrido al Tribunal de Garantía de la comuna de Rengo para interponer una querella criminal por el delito de trata de personas. Esto en favor de la niña de origen boliviano que habría sido esclavizada dentro de un campamento en esta ciudad”, señaló la diputada Riquelme, agregando que “independiente de la situación migratoria de los niños, niñas y adolescentes, no podemos permitir que sean sometidos a estos vejámenes y que no se respeten sus más mínimos derechos”.
Compromiso municipal ante una realidad alarmante
El concejal José Díaz, quien obtuvo la primera mayoría en Rengo, recalcó: “Hemos acompañado esta querella con el objeto de que estas situaciones no se repitan en nuestra comuna y así también nos hemos comprometido a desarrollar un trabajo colaborativo con las instituciones para poder revisar lo que está ocurriendo en nuestros distintos campamentos”.
Llamado a la comunidad para denunciar estos crímenes
La diputada Marcela Riquelme también destacó el rol de la ciudadanía en la denuncia de este caso: “Este hecho fue develado por la comunidad y por la investigación periodística. Invitamos a las y los vecinos de esta y de otras ciudades a denunciar hechos como estos, no podemos permitir que esta situación se repita en ninguna parte”.
La querella se suma a la investigación en curso por parte del Ministerio Público, que ya mantiene en prisión preventiva a algunos de los involucrados, incluyendo a la abuela de la menor afectada.