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Este lunes 18 de octubre, más de diez mil personas se congregaron en los alrededores de Plaza Baquedano, en la ciudad de Santiago para conmemorar el segundo año del estallido social el cual dio inicio para redactar una nueva Constitución.
De la normalidad al bandalismo
Las manifestaciones se realizaron durante el medio día con total normalidad y a medida que llegaba la tarde comenzaron a llegar algunos grupos organizados previamente a rostro cubierto para realizar actos bandálicos a la propiedad pública, como derribar postes de alumbrado, semáforos, destrucción del pavimento con martillos. Pero también estos grupos comenzaron a violentar las entradas de algunos locales comerciales, donde robaron mobiliario para luego prenderle fuego en las calles.
¿Qué dijo el subsecretario del Interior?
De los actos delictuales, el subsecretario del Interior, Juan Galli, declaró que más de 400 personas fueron detenidas. Pero la autoridad responsabilizó de los actos de violencia a los candidatos presidenciales Yasna Provoste y Gabriel Boric. Hora de Noticias revisó más de 30 publicaciones, tanto en Twitter como Instagram, de los candidatos Provoste y Boric y no encontró ninguno que llamara a la violencia de cometer delitos.
Código Penal desmiente a Galli
Las declaraciones del subsecretario Galli son falsas, ya que de acuerdo al Artículo 1 Código Penal de Chile señala que "El que cometiere delito será responsable de él e incurrirá en la pena que la ley señale, aunque el mal recaiga sobre persona distinta de aquella a quien se proponía ofender". Por lo tanto, los actos delictuales acontecidos este lunes no se le puede atribuir a ningún otro ciudadano.
Subsecretario quiere confundir
Galli agrega además, para justificar sus dichos, que son responsables de la violencia "los que presentaron un proyecto de indulto, como Yasna Provoste, quienes van a visitar a la cárcel a imputados, como Gabriel Boric". En este punto, el subsecretario del Interior intenta confundir a la ciudadanía al mezclar hechos cronológicamente distintos: el proyecto de indulto y la visita a un centro penitenciario a una persona imputada por actos de violencia que hasta hoy no se le ha comprobado su participación.