La Fiscalía Judicial de la Corte de Apelaciones de Rancagua realizó, entre abril y junio, la primera ronda de fiscalizaciones a las 26 notarías, conservadores y archiveros judiciales de la Región de O'Higgins, en el marco de las nuevas funciones entregadas por la Ley 21.772 que moderniza el sistema notarial chileno y que entró en vigencia el 2 de abril de 2026.
¿Qué aspectos se revisaron durante las fiscalizaciones en la región?
Los fiscales judiciales Álvaro Martínez y Joaquín Nilo, junto a sus equipos, se reunieron con los notarios, conservadores y archiveros de toda la jurisdicción, desde Graneros hasta Pichilemu, para analizar documentación y dialogar con los funcionarios. El objetivo fue verificar el correcto funcionamiento de las unidades, revisar las tarifas y su publicación, y comprobar el cumplimiento de la normativa vigente.
¿Qué medidas concretas se impulsaron para beneficiar a los usuarios?
El fiscal judicial Álvaro Martínez señaló que "durante las fiscalizaciones he promovido medidas concretas que benefician directamente a los usuarios. Una de ellas es que las notarías y conservadores publiquen de manera clara las tarifas de sus principales actuaciones, tanto en sus oficinas como en sus sitios web". Agregó que "esta buena práctica ha sido muy bien recibida por el fiscal de la Corte Suprema y hoy está siendo replicada por fiscalizadores de distintas regiones del país, fortaleciendo la transparencia y el acceso a la información".
¿Cómo se desarrolló el proceso de fiscalización en el territorio?
El fiscal judicial Joaquín Nilo explicó que "las fiscalizaciones que realizamos durante el primer trimestre desde la entrada en vigencia de la ley 21.772 se extendieron por toda la Región de O'Higgins, desde Graneros hasta Pichilemu, y fueron realizadas de forma presencial". Añadió que el objetivo es verificar el correcto cumplimiento de la ley para que la ciudadanía pueda acceder a las prestaciones de notarios, conservadores y archiveros de acuerdo con la normativa vigente.