El exjuez Luis Barría cesó en sus funciones como relator de la Corte de Rancagua el 10 de agosto, luego de que la Segunda Sala de la Corte Suprema dejara firme en mayo de este año una condena penal por abuso sexual en contra de una funcionaria administrativa de la misma jurisdicción, poniendo así fin a su carrera en el Poder Judicial por disposición legal automática derivada del fallo.
¿Qué antecedentes previos existían contra el magistrado?
Barría ya enfrentaba un proceso por acoso sexual denunciado por una jueza de su misma jurisdicción, situación que derivó en un ambiente laboral hostil que se prolongó por años. En 2022, la Superintendencia de Seguridad Social calificó la afección de salud de la jueza como enfermedad de origen laboral, ordenando a la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) medidas de mitigación que incluían la separación física del agresor, las que nunca fueron cumplidas en los plazos establecidos.
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¿Cómo se desarrolló el proceso judicial por acoso laboral?
La jueza denunciante ingresó una demanda por tutela laboral en el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. En marzo de 2025, el tribunal acogió la demanda, rechazó el argumento de la CAPJ de no ser empleadora y condenó a la corporación por vulnerar los derechos fundamentales de la jueza. El fallo quedó firme en mayo de 2026 tras una serie de recursos.
¿Qué medidas adicionales ordenó el tribunal?
La sentencia mandató la intervención de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación de la Corte Suprema en el tribunal donde ocurrieron los hechos, y la aceleración de los procesos administrativos internos que llevaban años sin resolución. Francisca Millán, abogada de la jueza denunciante, afirmó que "mi representada ganó en tribunales y sigue esperando que el Poder Judicial cumpla lo que el Poder Judicial mismo ordenó".
¿Cómo ha reaccionado la comunidad judicial ante este caso?
La jueza y presidenta de la Asociación de Magistradas Chilenas, María Geraldine Aguirre, apoyó a la denunciante a través del amparo de género y señaló que "el fallo confirma que no basta con establecer mecanismos de protección, hay que cumplirlos. El alcance de esta sentencia va más allá de este caso y envía un mensaje claro, cualquier funcionaria que sea víctima, tiene derecho a estar protegida". Pese a la salida de Barría, la jueza que lo denunció aún espera el cumplimiento de las medidas de mitigación exigidas.
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