Durante los últimos años, la jurisprudencia laboral en Chile ha ampliado el sistema de indemnizaciones en casos de despido injustificado o vulneración de derechos fundamentales, permitiendo que distintos tipos de compensaciones se sumen en una misma sentencia.
¿Por qué están aumentando las indemnizaciones laborales?
En el debate público suele mencionarse el límite de “hasta 11 sueldos adicionales”, pero en la práctica los tribunales están aplicando un esquema más amplio. Este incluye indemnizaciones tradicionales como aviso previo y años de servicio, además de recargos legales y la indemnización por tutela laboral, que puede alcanzar entre seis y once remuneraciones adicionales.
¿Qué rol cumple el daño moral en estos casos?
Un elemento clave en este cambio es la incorporación del daño moral. Según un análisis de Trifolia, la Corte Suprema ha consolidado entre 2023 y 2026 un criterio que permite acumular distintas indemnizaciones. “Hoy vemos un sistema donde las indemnizaciones cumplen distintas funciones: reparar lo económico, sancionar al empleador y compensar el daño moral”, explicó Javier Ramírez, abogado consultor de la entidad.
¿Qué casos recientes reflejan esta tendencia?
Algunos fallos muestran el impacto de este criterio. En el caso Toro Maldonado con Pizarreño (2023), las compensaciones superaron los $100 millones, incluyendo $60 millones por daño moral. En Peña Ríos con AFP Capital (2024), la condena alcanzó cerca de $114 millones, sumando indemnizaciones tradicionales, tutela laboral y $10 millones por daño moral. En tanto, en Lizama Romero con Ecko Cleaners y Sodimac (2023), la Corte Suprema precisó los límites de responsabilidad en subcontratación.
¿Cómo afecta esto a trabajadores y empresas?
Otro cambio relevante es el valor de los finiquitos. La Corte Suprema ha establecido que si un trabajador firma con reserva de derechos, incluso de forma general, puede demandar posteriormente. Este escenario implica mayores posibilidades de compensación para trabajadores y un aumento en los riesgos y costos para las empresas. “Las compañías van a tener que ser mucho más rigurosas en sus procesos de despido”, advirtió Ramírez.