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Al cumplirse seis años desde la crisis social de 2019, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) reiteró que este episodio constituye “la crisis de derechos humanos más grave vivida por el país desde la restauración de la democracia”, una afirmación respaldada por el Consejo del INDH en su Informe Anual de ese año. En este contexto, el organismo anunció una revisión exhaustiva de la respuesta del Estado en materia de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición.
Revisión de causas judiciales
El INDH informó que entre el 17 de octubre de 2019 y el 18 de marzo de 2020 interpuso 3.247 querellas por graves violaciones a los derechos humanos. De ellas, solo 145 han finalizado y apenas 68 concluyeron con sentencias condenatorias. El director del instituto, Yerko Ljubetic, ha calificado estos resultados como preocupantes, señalando que el avance judicial ha sido insuficiente para garantizar justicia a las víctimas.
Del total de querellas, 2.311 corresponden a apremios ilegítimos, 566 a torturas, 249 a violencia innecesaria y 121 a otras vulneraciones. En conjunto, reflejan denuncias de 3.842 víctimas: 75% hombres y 25% mujeres, con una edad promedio de 26 años.
Víctimas de especial protección
Según los registros del INDH, 1.492 víctimas pertenecen a uno o más grupos de especial protección. Entre ellas se cuentan 605 niños, niñas o adolescentes, 34 personas mayores, 28 con discapacidad, 25 pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+ y 20 personas migrantes. El informe aclara que una persona puede estar incluida en más de un grupo de protección.
Asimismo, siete personas fallecieron durante la crisis y 3.648 sufrieron lesiones físicas, incluyendo 228 con daño ocular. En cuanto a la violencia sexual, el 20% de las denunciantes mujeres y el 10% de los hombres reportaron haber sido víctimas.
Reparación y garantías de no repetición
El INDH subrayó la necesidad de una reparación integral que contemple restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción. “Los esfuerzos emprendidos en materia de reparación han sido insatisfactorios”, afirmó Ljubetic. El organismo anunció que durante 2026 publicará una evaluación sobre el cumplimiento estatal en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
En este último ámbito, el INDH enfatizó que la violencia institucional “no puede volver a ocurrir en el país” y que para ello se requiere de fuerzas del orden con formación y actuación respetuosa de los derechos humanos.
Informe del Ministerio Público
El director del INDH destacó que “las cifras que ha dado a conocer el Ministerio Público en su balance de lo ocurrido en el contexto de la crisis social, confirman la preocupación planteada desde el INDH a partir del resultado de nuestras propias querellas”. Recordó que “del total de casos investigados por el Ministerio Público relativos a violencia institucional, que fueron más de 11 mil 500, sólo en 385 se terminó con una sentencia, y de ellas sólo 219 fueron condenatorias. El resultado desde el punto de vista de establecer la verdad y la justicia es francamente insatisfactorio”.
De acuerdo con el Ministerio Público, más del 90% de las causas por delitos de violencia institucional ya están concluidas. Solo un 8,8% permanece vigente, mientras que 3.215 fueron objeto de Decisión de No Perseverar y 6.821 fueron archivadas.
