La académica investigadora de la Facultad de Derecho de UDLA Sede Viña del Mar, Dra. María Lorena Rossel, publicó en la European Public & Social Innovation Review el artículo "Género, migración y violencia: la trata de niñas en el siglo XXI desde los estándares internacionales y la situación en Chile", estudio que aborda la relación entre migración, pobreza, segregación y trata infantil en el país.
¿Qué factores aumentan la vulnerabilidad de las niñas migrantes?
La investigación utilizó una metodología jurídico-dogmática complementada con estudios interdisciplinarios, informes institucionales y datos recientes. El análisis permitió identificar diversos factores que incrementan la vulnerabilidad de niñas migrantes, especialmente de aquellas que se encuentran en situación irregular y sin acompañamiento. Entre ellos figuran la pobreza, la exclusión social, la segregación territorial y las dificultades para acceder a mecanismos de protección.
¿Qué hallazgos detectó el estudio sobre la trata infantil?
Según explicó la investigadora, se identificaron patrones como "la captación mediante engaños con promesas de empleo o cuidado; la explotación sexual como principal finalidad del delito". Asimismo, el estudio observó fenómenos asociados a la hipersexualización y racialización de niñas migrantes, junto con dificultades para su identificación temprana por parte de funcionarios, lo que limita la activación de protocolos de protección.
¿Qué concluye la investigación sobre la situación en Chile?
La Dra. Rossel sostuvo que "la trata de niñas migrantes constituye una de las formas más graves de violencia estructural en el siglo XXI". El análisis revisó la legislación nacional vigente y la comparó con estándares internacionales de derechos humanos, concluyendo que, pese a existir un marco normativo específico, persisten importantes desafíos en la implementación de políticas públicas con enfoque de género e infancia.
¿Qué medidas propone la académica para enfrentar este problema?
Entre las recomendaciones planteadas se encuentran la implementación de protocolos de identificación temprana, la capacitación de agentes estatales en derechos humanos y trata de personas, la regularización migratoria expedita para niñas y adolescentes, y el fortalecimiento de políticas territoriales inclusivas. Además, destacó que la ciudadanía puede contribuir mediante campañas educativas, redes comunitarias y apoyo a las víctimas para facilitar su protección y acompañamiento.