La Cámara Minera de Chile y el Centro de Arbitraje y Mediación Minero (Cammin) llevaron a cabo con éxito el Seminario "Ley de Delitos Económicos y Ambientales Implicancias en la Industria Minera". El evento, realizado el martes 16 de enero, se centró en analizar los alcances de la Ley N°21.595, la cual introduce nuevos delitos económicos y ambientales, así como sanciones penales tanto para personas naturales como jurídicas. Además, se detallaron las exigencias en materia de compliance y modelos de prevención de delitos, considerando las implicancias específicas para el sector minero y su modelo de gestión de empresas mandantes y contratistas.
En el evento, Patricio Cartagena, secretario general de la Cámara Minera de Chile, destacó la relevancia del tema para la industria minera. Señaló que la ley ya está vigente para personas naturales y que, a partir de septiembre de 2024, será plenamente exigible para las personas jurídicas (empresas). Cartagena subrayó la importancia de adaptar los modelos de gestión a las nuevas exigencias legales.
La primera ponencia estuvo a cargo de Marta Herrera, abogada y académica de la Facultad de Derecho de la U. Adolfo Ibáñez, quien abordó la responsabilidad penal de la persona jurídica. Herrera enfatizó la necesidad de incorporar la ética como parte fundamental del rol actual de la empresa y promover una cultura de integridad en todas las áreas de negocios.
Mauricio Oviedo, exministro Titular Primer Tribunal Ambiental y socio en CPA Legal, analizó los delitos ambientales desde una perspectiva general. Destacó que, al considerarse "económicos", la ley Nº 21.595 proporciona un marco jurídico específico para estos delitos, con sanciones y reglas especiales aplicables.
Desde la perspectiva operativa en la industria minera, Marcelo Stocker, Ingeniero Civil Metalúrgico y gerente de IGP Consultores SpA, instó a la industria a identificar y gestionar los riesgos ambientales en sus procesos, incluyendo aspectos como afectación de humedales, extracción de agua continental, emisión de material particulado y derrames.
Jorge Castillo Luco, abogado y director ejecutivo del Cammin, cerró el seminario abordando el Modelo de Prevención de Delitos como eximente de responsabilidad penal para las personas jurídicas. Destacó la importancia de considerar diversos aspectos al implementar estos modelos, incluyendo la asignación de responsabilidades, canales seguros de denuncia y evaluaciones periódicas por terceros independientes.
En conclusión, los participantes del seminario coincidieron en la importancia de que todos los actores de las empresas mineras respeten la ley y tomen conciencia de las responsabilidades penales, especialmente para los gerentes en la pirámide operacional, sobre quienes recaerán las penalidades en caso de cometer algún delito económico y/o ambiental.