Índice del Contenido
El Cuerpo de Bomberos de Machalí vive una profunda tensión interna tras la detección de posibles irregularidades en la administración de fondos, que incluyen facturas y boletas de honorarios ideológicamente falsas, pagos sin justificación y transferencias a cuentas personales. Los antecedentes comenzaron a salir a la luz durante reuniones de directorio en 2024 y motivaron la intervención de la justicia.
Renuncias y reestructuración del mando
En agosto de 2024 se solicitó la renuncia de varios oficiales generales tras detectarse inconsistencias financieras. Entre quienes dejaron sus cargos se encontraban Carlos Soto Mancilla (superintendente), Luis Díaz Durán (vicesuperintendente), Cristián Soto Fuentes (primer comandante e hijo de Carlos), Mario Muñoz (segundo comandante), Óscar Salinas Soto (tesorero general) y Víctor Maye (secretario general).
Tras estas renuncias se realizaron nuevas elecciones, resultando electos Carlos Ceballos como superintendente, José Montesinos como vicesuperintendente, Valentín Mendoza como primer comandante y Miguel Ayala como segundo comandante. Bajo esta nueva jefatura se identificaron presuntas irregularidades vinculadas al exprimer comandante, Cristián Soto, por cotizaciones de equipamiento consideradas posiblemente falsas, lo que llevó a su suspensión temporal por parte del consejo superior de disciplina.
Auditoría detecta pagos duplicados y boletas sin respaldo
Según el abogado encargado del caso, una auditoría externa sobre los años 2022 a 2024 detectó pagos duplicados, horas extras no justificadas, viáticos sin respaldo y boletas de honorarios emitidas por trabajos inexistentes. También se identificó una donación de 500 mil pesos al tesorero nacional, Rodrigo Muñoz, respaldada por una factura que no correspondería a labores reales, así como transferencias a la viuda de un excomandante.
Entre las irregularidades también se constató el uso indebido de la clave única de un funcionario de la Municipalidad de Machalí para emitir boletas a nombre de terceros. Sobre ello, el abogado precisó que el funcionario “no sabía hacer boletas”, por lo que entregó sus datos al entonces superintendente Carlos Soto, quien habría seguido utilizándolos para emitir documentos por servicios no prestados.
Deficiencias en bodega e inventario
El reporte interno también reveló graves falencias en la bodega institucional, donde se almacenaban equipos obsoletos o deteriorados —algunos con más de diez años de antigüedad— mientras las compañías debían adquirir material con recursos propios. Voluntarios señalaron que el acceso a la bodega era manejado por el subintendente y el primer comandante, es decir, padre e hijo.
Autodenuncia y avance judicial
Ante estos hallazgos, el nuevo directorio presentó una autodenuncia ante la PDI, derivada luego a la Fiscalía Regional de O’Higgins junto a documentación que incluye facturas, transferencias y correos internos. Hasta ahora, la investigación avanza lentamente y no hay imputados formalizados, mientras algunos de los involucrados continúan en cargos dentro de la estructura nacional de Bomberos.
El abogado indicó que la causa podría derivar en diversos delitos: «Eventualmente podría haber administración desleal, uso malicioso de instrumento mercantil incluso, usurpación de clave o identidad».
Preocupación ante próximas elecciones
Un integrante activo del equipo, bajo anonimato, señaló que “la justicia tendrá que decidir qué pasó con esa plata. Nosotros no estamos diciendo que sacaron de un bolsillo para meterlo en otro; estamos señalando administración desleal, boletas falsas y facturas irregulares”. Agregó que el próximo 8 de diciembre se realizarán nuevas elecciones del Cuerpo de Bomberos y advirtió que, si los involucrados resultan electos, la continuidad de la investigación podría verse afectada.
