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La Municipalidad de San Fernando informó que la Contraloría General de la República (CGR) emitió el oficio E166437/2025, en el cual resolvió “abstenerse de pronunciarse y desestimar” el requerimiento presentado por la empresa Montajes Industriales Montec S.A. en contra del municipio. La decisión del órgano fiscalizador representa un respaldo a la actuación municipal en el proceso de término del contrato con la empresa.
Contraloría desestima solicitud de la empresa
Montec había solicitado que la CGR declarara “ilegal y arbitrario” el cobro anticipado de las boletas de garantía realizado por la Municipalidad de San Fernando, además de pedir la restitución de dichas garantías y la apertura de un sumario administrativo contra los funcionarios responsables del procedimiento.
No obstante, en su pronunciamiento, la Contraloría estableció que no corresponde emitir opinión sobre las boletas de garantía debido a que el tema está actualmente bajo conocimiento de los Tribunales de Justicia. Asimismo, descartó categóricamente la pertinencia de iniciar un sumario administrativo, rechazando la solicitud de la empresa.
Municipio destaca respaldo al procedimiento adoptado
El asesor jurídico del municipio, Joseph Palomino, valoró la resolución del órgano contralor, señalando que “este pronunciamiento constituye un respaldo al actuar de la Municipalidad en la decisión de poner término al contrato. La empresa alegaba que nuestro proceder había sido arbitrario e ilegal, sin embargo, la Contraloría finalmente nos dio la razón y descartó cualquier responsabilidad del municipio en esta materia”.
Proyecto en revisión y reevaluación ante organismos regionales
La Municipalidad recordó que en julio de 2024 se decidió poner término anticipado al contrato con Montec debido a reiterados incumplimientos y retrasos en la ejecución de las obras. Tras la finalización del vínculo contractual, el municipio efectuó una revisión completa del proyecto para verificar el estado de avance. Actualmente, la iniciativa se encuentra en proceso de reevaluación ante el Gobierno Regional y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Mideso), con el objetivo de asegurar los recursos que permitan su continuidad y finalización.
