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El 17 de diciembre de 2024, la Contraloría General de la República (CGR) emitió un informe que detalla serias irregularidades ocurridas durante la gestión del exalcalde Luis Berwart (2016-2021) en la comuna de San Fernando. El documento de 56 páginas evidencia incumplimientos que generaron millonarios perjuicios al erario municipal, afectando principalmente el manejo de recursos públicos en el área de educación.
Destitución para exdirector de Administración y Finanzas
Una de las medidas más relevantes recomendadas por la CGR es la destitución de Claudio Herrera, exdirector de Administración y Finanzas, por no denunciar ni observar los incumplimientos en los pagos de las cotizaciones previsionales de los funcionarios de la Corporación Municipal de San Fernando para la Atención de Menores en las Áreas de Salud y Educación (Cormusaf).
Responsabilidad del exalcalde Luis Berwart
El informe también señala que el exalcalde Berwart no cumplió con su deber de supervisar el pago íntegro y oportuno de las cotizaciones previsionales, lo que resultó en multas e intereses que afectaron las arcas municipales. Contraloría concluye que Berwart vulneró sus obligaciones funcionarias al no resguardar los recursos públicos transferidos por el Ministerio de Educación a la Cormusaf.
Reacciones del alcalde Pablo Silva Pérez
El actual alcalde de San Fernando, Pablo Silva Pérez, valoró el pronunciamiento de la Contraloría y destacó que el informe confirma "graves irregularidades y falta de control en la administración de los recursos". Silva aseguró que su administración está trabajando para fortalecer los controles internos y prevenir situaciones similares en el futuro.
Caso del leaseback
Uno de los puntos más polémicos del informe es el contrato de leaseback firmado por la administración de Berwart con Banco Estado por 500 millones de pesos, destinado a pagar bonificaciones de retiro voluntario. De ese monto, aproximadamente 363 millones se usaron para los fines establecidos, mientras que 136 millones carecen de un destino verificable, evidenciando una grave falta de control.
Rol del Ministerio de Educación
El informe también critica la supervisión del Ministerio de Educación, que transfirió más de 995 millones de pesos entre 2014 y 2016 para bonificaciones de retiro voluntario. De ese monto, 363 millones no fueron utilizados para el propósito asignado, ya que no se encontraban en las cuentas de la corporación al cierre de 2018. Contraloría señala que una fiscalización insuficiente por parte de la Superintendencia de Educación contribuyó a que estas irregularidades no se detectaran oportunamente.