María José Díaz, exfuncionaria de la Corporación Municipal de San Fernando (Cormusaf), ha generado polémica al hacer acusaciones de persecución política y acoso por parte de la institución y la administración municipal. Sin embargo, la Cormusaf ha respondido a estas acusaciones, aclarando varios puntos clave en el proceso en el que Díaz está involucrada.
Según la Corporación Municipal, Díaz fue destituida mediante un sumario administrativo tras constatar que utilizó recursos y personal de la institución para beneficiar su candidatura a constituyente y a diputada en el año 2021.
A pesar de que Díaz afirmó que su despido fue declarado injustificado y motivado por persecución política por el Segundo Juzgado de Letras, la Corte de Apelaciones de Rancagua anuló esta sentencia debido a la falta de consideración de pruebas que respaldaban su destitución. La causa laboral está actualmente en tramitación y se espera una nueva audiencia de juicio en algunos meses.
La Cormusaf también ha negado haber acusado a Díaz de falsificar su título profesional o haberla denunciado ante el Consejo de Defensa del Estado o la Contraloría General de la República. Sin embargo, consultaron a la Contraloría sobre la legalidad de que una funcionaria destituida de una Corporación Municipal pudiera trabajar en el servicio público.
En cuanto a la acusación de fraude informático, la Corporación presentó una denuncia en diciembre de 2021, alegando que Díaz eliminó información relativa a rendición de recursos correspondientes a convenios del año 2021. El Ministerio Público formalizó la investigación el 9 de mayo de 2022.
La Cormusaf sostiene que la falta de medidas cautelares contra Díaz no anticipa su inocencia, y ha afirmado que ningún funcionario, incluido el alcalde de San Fernando, ha difamado a Díaz. Se han limitado a describir los hechos del proceso, dejando que los tribunales determinen la existencia o no de delito.