Municipio de Rancagua interpone querella por estafa y fraude al Fisco en compras de pulseras inteligentes bajo administración de Eduardo Soto

La Municipalidad de Rancagua interpuso una querella por los delitos de estafa, fraude al fisco y apropiación indebida durante la administración del ex alcalde Eduardo Soto. Esto debido a los resultados del Informe de Investigación Especial a la Corporación Municipal y que fue evacuado por la Contraloría General de la República el pasado 31 de mayo de 2021.

Fiscalización a la Cormun

Tras una fiscalización a la Corporación Municipal (Cormun) de Rancagua, la Contraloría decidió enviar al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado los antecedentes derivados de un informe que estableció irregularidades en la contratación, en el año 2018, del servicio de ‘Medición de parámetros físicos y nutricionales’, que se realizaría a través de la aplicación IVEIS, y que estaba destinado a estudiantes de establecimientos públicos de la ciudad.

7.535 pulseras inteligentes sin entregar

El informe de Contraloría establece que para llevar a cabo este servicio, se adquirieron 7.535 pulseras electrónicas (inteligentes), igual número de tarjetas SIM, además de smartphones e incluso se contrató una clínica de fútbol.

Compra por casi 5 veces valor de mercado

La Contraloría, primero, formuló reparos al costo de este servicio contratado por la Cormun, cuyo valor total llegó a los $448.332.500. De acuerdo a valor de mercado, una pulsera inteligente, con chip, tiene un costo de 12.990 aproximadamente. Por lo tanto, el valor por la compra de 7.535 pulseras inteligentes -en el mercado- llega a $97.879.650.

Cabe hacer presente que los dineros empleados para la adquisición de estas Pulseras y los servicios anexos, corresponden a los dineros destinados a alumnos prioritarios o vulnerables de la comuna con ocasión de la Ley SEP.

No se pudo acreditar el destino final

La Contraloría señala que "la Coordinadora Financiera SEP, indica que las 7.535 tarjetas SIM más un plan básico de datos fueron recepcionadas por la corporación, no obstante, no adjunta antecedentes que acrediten lo indicado, así como el destino final de dichos bienes".

"Lo anterior, no permite acreditar la totalidad del gasto efectuado, vulnerando la resolución N° 30, de 2015, que en su artículo 2°, letra c), establece que la documentación de la rendición de cuentas estará constituida por los comprobantes de egreso, que deben contener la documentación auténtica o la relación y ubicación de esta cuando proceda, que acredite todos los desembolsos realizados.", prosigue a reglón seguido la Contraloría Regional de O'Higgins.

Además, la Contraloría detectó que no se habrían entregado 7.535 tarjetas SIM: "Considerando que si bien la guía de despacho N° 131, de 2020, acredita la entrega de los bienes por parte del proveedor, es dable señalar que dicho documento no permite dar cuenta del destino final de las tarjetas SIM, por lo que se mantiene la observación formulada, debiendo esa Corporación remitir a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR los antecedentes que acrediten el destino de las mencionadas tarjetas, ello en un plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción del presente informe."

Gastos no se ajustan al Programa de Mejoramiento Educativo (PME)

En el punto 2 del acápite II (Análisis de la Materia Investigada), la Contraloría señala que "Se constató mediante el análisis de los Programas de Mejoramiento Educativos, que en 4 de los 30 establecimientos educacionales para los cuales se contrató el sistema de medición y monitoreo de gastos de calorías y otros parámetros de salud física de los estudiantes, no se indica la adquisición en el PME en la dimensión 'Convivencia Escolar'".

"En ese orden de ideas, se verificó que en los Colegio Augusto D'Halmar, Colegio Aurora de Chile, Liceo Integrado Libertador Simón Bolívar y Liceo Bicentenario Óscar Castro Zúñiga, no se contempla la compra del sistema de monitoreo físico, en los recursos asociados a la dimensión de Convivencia Escolar, sin que siquiera se prevea la adquisición de artículos o prestación de servicios tecnológicos de modo general. Al respecto, dichos establecimientos educacionales involucraron recursos por asociados al contrato en examen por $4.454.022, $7.384.300, $15.647.683 y $ 116.918.083, respectivamente.", relata.

Utilización del servicio contratado

En el punto 3 del mismo acápite II, titulado "Sobre utilización del servicio contratado y bienes asociados para fines educativos", el informe de Contraloría indica que "De los antecedentes tenidos a la vista, se constató que se efectuaron actividades en algunos establecimientos educacionales de la comuna relativos a la medición de parámetros antropométricos a través de la pulsera inteligente y la APP IVEIS, constatándose que se midieron a 233 estudiantes, cuyo detalle se muestra en la tabla N° 1."

Tabla N°1: Jornada de Evaluación de Parámetros Biológicos

En ese orden de ideas, de acuerdo al Informe de Actividades realizado por la Coordinadora del Programa Comunal Salud, Actividad Física y Alimentación, durante el mes de abril de 2019, se efectuó una actividad al aire libre en el Complejo Deportivo Patricio Mekis a los alumnos del Liceo Jorge Alessandri Rodríguez, Colegio El Cobre, Colegio Manso de Velasco y Colegio Eduardo de Geyter, y durante el mes de junio del mismo año, se realizó un trecking para los estudiantes del Colegio Virginia Bravo, Colegio El Cobre, Colegio República Argentina y Colegio Manso de Velasco.

Adicionalmente, se constató mediante el Informe de Ejecución del Servicio, de fecha 25 de enero de 2019, elaborado por la Coordinadora del Programa Comunal Salud, Actividad Física y Alimentación, doña (nombre tachado en el informe), los errores de funcionamiento que tiene la aplicación IVEIS y las observaciones emanadas a la Empresa Natural Phone.

"Sobre el particular, cabe indicar que se pudo acreditar que el servicio contratado sólo se utilizó en las actividades citadas en los párrafos precedentes, toda vez que no se corroboró que todos los establecimientos educacionales hayan utilizado los servicios contratados o las pulseras inteligentes para fines educativos, transgrediendo lo consignado en el artículo 25, del decreto N° 235, de 2008, del Ministerio de Educación, que aprueba el Reglamento de la ley N° 20.248, y que dispone, en lo que interesa, que la rendición de cuentas debe estarsustentada en la programación de actividades que se realizarán en las escuelas, debiendo ser acreditadas a través de medios de verificación como informes técnicos, financieros, entre otros.", dice el informe.

No se acreditó prestación de servicios IVEIS

La Contraloría, en el acápite III (Examen de cuentas), numeral 1 "Falta de antecedentes que permita acreditar la prestación de servicios IVEIS", señala que "Al respecto, y tal como se señaló en los numerales 1 y 4 del acápite II sobre Examen de la Materia Investigada, conforme las validaciones efectuadas sobre los bienes adquiridos por la corporación con recursos de la Subvención Escolar Preferencial, se verificó que no existen actas de entregas asociadas al destino de las 7.535 tarjetas SIM -con un plan de datos básico-, debido a que sólo se indica en las guías de despacho que fueron entregadas por la empresa Natural 700 unidades, como asimismo, se constataron discrepancias entre la cantidad adquirida de pulseras inteligentes (7.535) y las unidades verificadas mediante las actas de recepción de bienes (7.142), generando una diferencia de 393 pulseras."

"En todo caso, cabe señalar que de los antecedentes proporcionados por la CORMUN de Rancagua, no se acreditó la prestación efectiva del servicio denominado IVEIS de medición de parámetros físicos y nutricionales para 7.535 estudiantes, cuyo valor ascendió a $448.332.500, considerando que la entrega de las pulseras, de las tarjetas SIM con plan de datos, de los smartphone y de la clínica del fútbol, sólo formaban parte del servicio principalcontratado", da cuenta el fallo.

Informe al ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado

Finalmente, La Contraloría señala que los antecedentes fueron remitidos al Abogado procurador fiscal de Rancagua del Consejo de Defensa del Estado y al Fiscal Regional de O'Higgins del Ministerio Público.

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