Índice del Contenido
Un ciclo de charlas educativas fue ejecutado por la coordinadora judicial de Justicia Juvenil, Carola Ercilla, en distintos establecimientos de la Región de O’Higgins, en el marco de los Consejos Comunales de Seguridad Pública. La iniciativa estuvo dirigida a estudiantes desde los 11 años, a quienes se les explicó los alcances de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA) y las sanciones y medidas que se aplican en caso de participar en hechos constitutivos de delito.
Prevención en jóvenes a través de talleres
La coordinadora judicial destacó la importancia de esta instancia de aprendizaje: “Como cada año, los talleres se solicitan para generar una acción preventiva respecto de los jóvenes”. En esta oportunidad, las charlas se realizaron en comunas como Pichidegua, Santa Cruz, Rengo, Codegua y Mostazal, reuniendo a estudiantes de distintas edades y niveles escolares.
Explicación práctica de la ley
Carola Ercilla detalló que “la temática que se aborda es la Ley Nº 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente, enfocándose a los aspectos prácticos para que los alumnos entiendan con ejemplos. Hubo participación activa, hicieron preguntas y también se les iba presentando situaciones hipotéticas para saber si realmente habían aprendido”.
Interés de los adolescentes por conocer la normativa
La profesional valoró la recepción de los estudiantes, señalando que “ha sido grato ver el interés de los adolescentes por conocer más sobre esta materia. Uno de los objetivos de la actividad es instalar la prevención, que los jóvenes tomen conocimiento de la ley respecto de cuáles son sus derechos y conciencia sobre lo que arriesgan si cuentan con la edad imputable y cometen algún delito”.
Contexto de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente
Tras la ratificación por parte de Chile de la Convención de los Derechos del Niño en 1990, se avanzó en la creación de un marco normativo que regulara la responsabilidad penal adolescente. De esta forma, en junio de 2007 entró en vigencia la Ley Nº 20.084, la cual estableció un sistema orientado a la reinserción social de jóvenes de 14 años o más, considerando sanciones proporcionales y medidas acordes a su desarrollo.
