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Con una convocatoria que superó las 50 personas, en el Instituto Regional de Educación (IRE) de Rancagua se desarrolló el primer Diálogo Ciudadano sobre el proyecto de Ley de Escuelas Protegidas, iniciativa impulsada por el Ejecutivo para abordar problemas de convivencia escolar y seguridad en establecimientos educacionales del país.
¿Qué aborda el proyecto Escuelas Protegidas?
La actividad contó con la presencia de los seremis de Gobierno, Matías Riveros; de Educación, Jorge Abarzúa; y de Seguridad Pública, Nicolás Muñoz, quienes explicaron los principales alcances de la propuesta que actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en el Congreso Nacional.
Durante la jornada, las autoridades detallaron que el proyecto considera dimensiones relacionadas con educación, seguridad, cuidado de la infancia y salud. Además, se expusieron objetivos como fortalecer la autoridad pedagógica, mejorar la protección penal de integrantes de las comunidades educativas y priorizar la resolución temprana de conflictos escolares.
¿Cómo buscan fortalecer la seguridad escolar?
Las autoridades también explicaron que la iniciativa pretende reforzar la capacidad preventiva de los establecimientos mediante reglamentos internos y asegurar la continuidad del servicio educativo. Asimismo, contempla proteger la coherencia de beneficios estudiantiles en educación superior frente a delitos graves.
El seremi de Gobierno destacó el despliegue territorial de estas instancias. “La sala de clases debe ser el espacio más seguro para todos los estudiantes”, señaló Matías Riveros.
¿Qué señalaron las autoridades regionales?
Por su parte, Jorge Abarzúa indicó que se realizarán otros cuatro diálogos ciudadanos en distintas comunas de la región para abordar dudas de sostenedores y directores respecto al proyecto de ley. En tanto, Nicolás Muñoz valoró la posibilidad de escuchar las inquietudes de los asistentes y aclarar consultas vinculadas a convivencia y seguridad escolar.
¿Qué opinó el establecimiento anfitrión?
La directora del IRE, Silvia Pozas, afirmó que este tipo de encuentros permite enfrentar problemáticas que afectan a las comunidades educativas. Además, sostuvo que la normativa entregará mayor respaldo a docentes y trabajadores de la educación para adoptar decisiones oportunas.