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La mañana de este lunes 5 de mayo, las oficinas del Servicio Nacional de Migración (Sermig) en la región de O’Higgins fueron allanadas por personal de la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de una investigación liderada por la Fiscalía de Alta Complejidad, relacionada con presuntos actos de corrupción que involucrarían al exdirector regional, Sebastián Aguirre.
Incautan documentos y equipos desde dependencias del Sermig
Los funcionarios de la PDI ingresaron a primera hora al recinto ubicado en la ex Gobernación en Rancagua, procediendo a la incautación de computadoras, documentos y registros administrativos. La acción fue ejecutada bajo orden judicial, y tras la diligencia, los efectivos abandonaron el lugar acompañados de la encargada de la oficina.
Desde la dirección nacional del Sermig, con sede en Santiago, informaron escuetamente que “la investigación es de carácter reservado, así que no tenemos detalles de la diligencia. Se ordenó la incautación de computador y documentos del director regional”.
Exdirector regional queda fuera del cargo
Producto de la indagatoria, el Servicio Nacional de Migración emitió una declaración pública en la que confirma que, ante los antecedentes recopilados por la Fiscalía, se ordenó un sumario administrativo con suspensión de funciones para Sebastián Aguirre. Aunque se informó que el exdirector presentó su renuncia por "pérdida de confianza", fuentes al interior del servicio señalan que fue formalmente desvinculado.
Investigación lleva más de un año
Durante la tarde, el fiscal de Alta Complejidad, Nicolás Núñez, confirmó que, además del allanamiento a las oficinas del Sermig en O’Higgins y Santiago, se realizaron procedimientos similares en varias viviendas particulares, incluida la del propio Aguirre. El objetivo, indicó, es obtener evidencia electrónica y documental que permita avanzar en la causa.
“Estamos en una etapa ya judicializada y esperamos obtener de los equipos incautados información clave. Además, se han solicitado medidas como el alzamiento del secreto bancario de los imputados”, detalló Núñez.
Asimismo, el fiscal reveló que la investigación lleva más de un año y que se han recibido declaraciones de migrantes que habrían sido afectados por una red que incluiría a una supuesta abogada que presta asesorías, presuntamente en coordinación con funcionarios del Sermig.
Investigación continúa en etapa preliminar
Las autoridades aclararon que se trata de una etapa preliminar y que aún resta por analizar toda la evidencia recopilada. La Fiscalía busca determinar con claridad si existieron actos de corrupción, tráfico de influencias u otros delitos asociados a la gestión del Servicio de Migraciones en la región.