Promover el trabajo colaborativo se ha transformado en un objetivo estratégico para todas las instituciones cuya misión es promover el bien común. Una evidencia de ese esfuerzo lo constituye el convenio suscrito entre Carabineros de Chile y la Defensoría Penal Pública, que apunta a generar apoyo recíproco en materias de acceso a información, confidencialidad y protección de los derechos fundamentales de las personas que se encuentran privadas de libertad en el interior de una unidad policial.
El programa piloto “Defensa de los imputados en las primeras horas de la detención” se enmarca en la implementación del convenio de colaboración suscrito entre ambas instituciones y una de sus principales iniciativas la constituye el realizar un trabajo conjunto, con la finalidad de garantizar una adecuada protección de los derechos humanos de los detenidos. En el caso particular de esta alianza, lo que ocurre durante las primeras horas de detención y que considera la concurrencia de un abogado de la Defensoría Penal Pública a las unidades.
La iniciativa, cuyo diagnóstico estuvo a cargo del programa EUROsociAL+ de la Unión Europea, fue desarrollada tanto por la Defensoría Penal Pública como por Carabineros. En ese contexto las máximas autoridades de ambas instituciones, el defensor nacional(s), Marco Montero, y el general director, Ricardo Yáñez, inauguraron el proyecto con una actividad que tuvo lugar en la tercera comisaría Santiago Central, donde también estuvieron presentes las defensoras regionales de las Metropolitanas Norte y Sur, Daniela Báez y Loreto Flores. El comienzo de esta relevante iniciativa que se replicó en unidades policiales de Antofagasta, San Fernando, Curicó, Talca y Valdivia.
Cabe destacar que desde el 1 de julio del presente año cerca de 750 personas han sido entrevistadas por defensores penales públicos en comisarías de cuatro regiones del país: Antofagasta, O’Higgins, Maule y Los Ríos. El 1 de agosto pasado, en tanto, se sumaron las comunas de Santiago, San Joaquín, La Florida y San Bernardo de la Región Metropolitana. Es así como se proyecta que este programa piloto se extienda por seis meses.
Estándar internacional
En el ámbito de los derechos humanos aplicados a la función policial, una de las obligaciones que recaen en Carabineros, cuando ejerce la privación de libertad de una persona, es mantener su posición garante, vale decir, resguardar la integridad física y psíquica de un detenido. Gracias a este convenio y la implementación de este programa piloto la institución, junto con el apoyo de la Defensoría Penal Pública, da cumplimiento a este estándar intencional, específicamente en unos de los momentos donde quien está privado de libertad se encuentra en un especial momento de indefensión.
Tras octubre de 2019 fueron varios los organismos internacionales de derechos humanos que visitaron nuestro país y se reunieron con autoridades tanto del Gobierno como del Poder Judicial para elaborar informes con su visión de los hechos ocurridos en Chile.
Es en ese contexto que a comienzos de 2021 la Defensoría Penal Pública y Carabineros suscribieron este relevante convenio de cooperación que ha permitido la materialización de esta iniciativa y que apunta a facilitar la labor de ambas instituciones en esta materia. Todo con el firme propósito de resguardar los derechos fundamentales de las personas y velar por su bienestar tanto físico como psíquico.