El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando condenó a Juan Enrique Astorga Opazo y Rodrigo Antonio Herrera Bustamante por el delito de cohecho, cometido mientras se desempeñaban como funcionarios de la Corporación Municipal de San Fernando (Cormusaf). Ambos fueron sentenciados a 818 días de presidio, pena que cumplirán bajo el beneficio de la remisión condicional, además del pago de una multa de $15.000.000 cada uno.
Solicitaron dinero para dilatar negociación colectiva
Según el fallo, quedó acreditado que los condenados, actuando como dirigentes sindicales —Astorga como presidente del Sidetracom y Herrera del Setracom—, solicitaron $15.000.000 al entonces alcalde Luis Berwart Araya para demorar la tramitación de un nuevo contrato colectivo ingresado el 22 de octubre de 2019. Esta acción fue reiterada luego al gerente de la corporación, Leonardo Gajardo Valenzuela.
El tribunal determinó que el directorio de la Cormusaf aceptó la propuesta, y el tesorero Alejandro Aguilera Bava entregó $4.000.000 en efectivo a Rodrigo Quintanilla Maldonado, quien posteriormente se los entregó personalmente a los acusados, ocultos en una caja de termómetro. Además, se utilizaron facturas para justificar el egreso de los dineros desde la corporación.
Inhabilitados para ejercer cargos públicos
Además de la pena de presidio y la multa, Astorga y Herrera fueron condenados a la suspensión de sus cargos u oficios públicos durante el tiempo que dure la condena. También quedaron inhabilitados por tres años y un día para ejercer cualquier cargo en organismos públicos o en empresas que mantengan vínculos contractuales con el Estado.
El tribunal justificó la remisión condicional basándose en la ausencia de antecedentes penales previos, las características personales de los condenados y su disposición a reinsertarse socialmente.