Índice del Contenido
Un hombre de 34 años de edad enfrentará proceso en prisión luego de que el Tribunal de Garantía de Graneros decretara su prisión preventiva, tras ser formalizado por los graves delitos de grooming y almacenamiento de pornografía infantil. La investigación, liderada por la Fiscalía local, reveló un actuar sistemático del imputado para acosar a una niña de tan solo 9 años.
Amenazó a niña de 9 años
El fiscal jefe de Graneros, Pablo Muñoz, detalló ante el tribunal los cargos en contra del sujeto. En relación al grooming, la investigación estableció que el imputado contactó a la menor a través de internet. "Respecto al delito de grooming, el imputado procedió a amenazar a una menor de 9 años con el objeto de que, si no enviaba imágenes con contenido sexual, difundiría en diversas redes sociales fotografías y videos de esta menor", precisó Muñoz, describiendo la grave presión ejercida sobre la víctima.
Hallazgo de material incautado
El segundo delito por el cual fue formalizado se basa en la evidencia física encontrada en sus dispositivos tecnológicos. Durante el allanamiento, las pericias realizadas a su teléfono celular arrojaron un hallazgo condenatorio. El fiscal Pablo Muñoz agregó que, "también fue formalizado por el delito de pornografía infantil, almacenamiento de esta ya que en su teléfono celular se encontraron 36 videos con material pornográfico en el cual aparecen en todos ellos víctimas menores de edad". Este material, según la fiscalía, no está relacionado con la víctima del caso de grooming, lo que sugiere la posibilidad de otras afectadas.
Medida cautelar y plazo de investigación
Ante la gravedad de los hechos y el riesgo para la seguridad de la sociedad, el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para el imputado. El tribunal acogió en su totalidad los argumentos de la fiscalía, considerando el peligro para la víctima y la comunidad, así como el riesgo de fuga y de obstaculizar la investigación. Con esta resolución, el sujeto quedará recluido en un centro penitenciario mientras se desarrolla la investigación formal, para la cual el juez decretó un plazo de 120 días. Este período será utilizado por la fiscalía para profundizar en los antecedentes, incluyendo el análisis de los videos incautados y la búsqueda de posibles otras víctimas.
