El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando condenó a Ronald Manuel Donoso Fuenzalida a la pena de 7 años de presidio efectivo, en calidad de autor del delito frustrado de homicidio. Ilícito perpetrado en agosto de 2017, en la comuna.
¿Cómo fueron los hechos?
El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que alrededor de las 19:30 horas del 24 de agosto de 2017, en circunstancias que la víctima, una menor de 12 años de edad, se encontraba al interior de su domicilio, ubicado en la villa Doña Georgina II, comuna de San Fernando –al que había llegado unos minutos antes en compañía de su hermana de 2 años de edad, encontrándose en el antejardín de la casa su hermana de 19 años, junto a su pareja– fue atacada por Donoso Fuenzalida, expareja de la madre de la víctima y padre de la niña de dos años, quien había hecho ingreso a la vivienda con antelación.
En el momento en que el acusado se percató de la presencia de la víctima, se abalanzó sobre ella portando un cuchillo cocinero de 29 centímetros de largo con el cual la apuñaló con la intención de matarla, ocasionándole una herida penetrante torácica izquierda, fracturas costales y heridas cortantes múltiples en hombro, brazo y mano izquierda. La agredida logró pedir auxilio a su hermana mayor, por lo que Donoso Fuenzalida se dio a la fuga hacia el antejardín, donde la joven pareja observó sus características físicas y vestimentas, procediendo, luego, el acusado a devolverse a la casa y subirse al techo de la vivienda para continuar su huida, siendo más tarde detenido por Carabineros.
La víctima menor de 12 años fue trasladada al Hospital de San Fernando donde debió ser operada debido a la gravedad de sus lesiones, las que evaluadas por el médico legista de la comuna fueron calificadas como graves.
En fallo unánime, el tribunal aplicó, además, a Donoso Fuenzalida las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares durante el tiempo de condena; más el pago de las costas del proceso.
Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.