El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando condenó a Sergio Rodrigo Ibarra Reyes a la pena de 15 años de presidio efectivo, en calidad de autor del delito frustrado de Femicidio. Ilícito perpetrado en septiembre de 2019, en la comuna.
El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que alrededor de las 19:25 horas del 11 de septiembre de 2019, la víctima se encontraba en el interior de su domicilio en la comuna de San Fernando, lugar al que llegó su exconviviente, el acusado Ibarra Reyes, quien ingresó mediante escalamiento de la reja perimetral de la vivienda, la que se encontraba cerrada, ingresando luego al inmueble y premunido de un cuchillo subió al segundo piso, dirigiéndose al dormitorio en el que se encontraba la víctima, ingresando por la fuerza a la habitación, lugar en el que la atacó con el arma blanca, causándole graves y múltiples heridas cortantes y penetrantes en el cuerpo, tales como heridas torácica, abdominal y cervical penetrante, que le provocaron shock hipovolémico, trauma toracoabdominal, neumotórax bilateral, hemotórax derecho, hemoperitoneo, entre otras, quedando la víctima en condición de extrema gravedad en el hospital de San Fernando.
Las lesiones causadas a la víctima son compatibles con la acción de objeto corto punzante y contundente, las cuales son de carácter grave y sanan, salvo complicaciones y previos tratamientos quirúrgicos, en un periodo de 45 a 60 días. Lesiones que hubieran resultado mortales en caso de no haber recibido la víctima tratamiento médico oportuno y eficaz.
En fallo unánime, el tribunal aplicó, además, a Ibarra Reyes las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; más el pago de las costas de la causa.
El tribunal impuso también al condenado la prohibición de acercarse a la víctima, por el término de dos años, que se contarán a partir del día que recobre la libertad.
Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.