La diputada Natalia Romero, representante por la Región de O'Higgins y miembro de la comisión de la Familia de la Cámara Baja, ha expresado su descontento respecto al proyecto que busca estabilizar las tarifas eléctricas en el país. Calificó la iniciativa como "engañosa" debido a su posible impacto negativo en los hogares, especialmente aquellos pertenecientes al tramo más alto, que incluye a emprendedores, pequeñas y medianas empresas, así como negocios de barrio.
Aunque el Senado aprobó el proyecto en general y en particular, la legisladora lamentó que el Gobierno no haya considerado las propuestas presentadas por la denominada "bancada eléctrica", de la cual forma parte. Entre estas propuestas se encontraba la posibilidad de que el Estado renegociara los contratos con las compañías eléctricas.
A pesar de que el proyecto contempla un mecanismo de pago para regularizar la deuda de más de US$ 6 mil millones con las generadoras, producto del congelamiento de tarifas desde 2019, y un subsidio para apoyar a cerca de un millón de hogares vulnerables, Romero advirtió que el impacto recaería principalmente en la clase media. Argumentó que, según diversas estimaciones, un 83% de las medidas serían financiadas por los propios clientes.
La diputada manifestó su preocupación por el hecho de que el Gobierno haya decidido impulsar un proyecto que perjudicaría a aproximadamente la mitad de los clientes, la mayoría de los cuales son familias de clase media y emprendedores. Lamentó que el Ejecutivo no haya evaluado una solución conjunta con las empresas eléctricas.
Durante la tramitación del proyecto en el Senado, expertos advirtieron que las cuentas de luz podrían aumentar un 38% este año, con un incremento adicional del 15% en 2025, lo que Romero considera "indispensable" tener en cuenta para evitar un rechazo de la iniciativa y un aumento aún mayor en las tarifas.
La diputada enfatizó la urgencia de que las autoridades se sienten a renegociar los contratos con las compañías eléctricas para encontrar una solución a la crisis económica generada por la pandemia. Concluyó reiterando que el proyecto presentado por el Gobierno no sería la solución efectiva y que los propios clientes, especialmente la clase media, tendrían que asumir el subsidio propuesto.