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La diputada e integrante de la Comisión de Familia, Natalia Romero, cuestionó duramente al Gobierno ante la intención del Ministerio de Hacienda de eliminar el Bono Bodas de Oro, un beneficio económico que desde su implementación en 2011 ha favorecido a más de 421 mil personas, en su mayoría adultos mayores en situación de vulnerabilidad.
Actualmente, el bono asciende a $445.352 por pareja y se entrega una sola vez a matrimonios que cumplan 50 años de casados, siempre que pertenezcan al 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares. Solo el año pasado, más de 23 mil personas accedieron al beneficio, con un costo fiscal que superó los $3 mil millones.
Gobierno evalúa eliminar el bono por razones fiscales
La propuesta, actualmente en evaluación por parte del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres), busca eliminar este beneficio por considerarlo ineficiente en términos fiscales. Sin embargo, desde sectores de la oposición han advertido que esta decisión estaría guiada por una visión tecnocrática que no considera la realidad de las familias afectadas.
Diputada critica enfoque del Ejecutivo
Para la diputada Natalia Romero, esta medida representa “un nuevo golpe a los sectores más desprotegidos del país”, criticando al Ejecutivo por “ahorrar a costa de los más pobres”.
“Es inaceptable que el Gobierno quiera eliminar el Bono Bodas de Oro, un beneficio que hasta el año pasado había llegado a más de 421 mil personas, en su mayoría adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Justamente en un país que envejece, donde las pensiones siguen siendo bajas y el costo de la vida no para de subir, este tipo de ayudas resulta un salvavidas”, afirmó la parlamentaria.
Acusaciones de doble estándar en el gasto público
Romero también arremetió contra lo que denominó una “doble moral” en el manejo de los recursos del Estado, señalando que “no es aceptable que los adultos mayores terminen pagando el precio de la ineficiencia”.
“Si el Gobierno quiere hacer más eficiente el gasto público, parta por dejar de contratar a sus amigos en cargos estatales, que fiscalice mejor a los funcionarios que viajan mientras presentan licencias, que deje de gastar millones en un taller que llaman ‘prácticas del culo’”, expresó.
Compromiso con acciones legislativas
La diputada adelantó que, si el Ejecutivo concreta esta propuesta, encabezará acciones legislativas para frenar su avance. “La solución no puede ser recortar beneficios a quienes más lo necesitan, mientras se siguen usando recursos públicos para pagar favores políticos”, enfatizó.