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El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic, asistió a la comisión de Derechos Humanos del Senado, instancia en la que destacó la importancia del proyecto de ley que regula las modalidades de financiamiento de los sitios de memoria. La iniciativa busca asegurar la sostenibilidad de estos espacios dedicados a resguardar testimonios sobre graves violaciones a los derechos humanos.
Justicia transicional como deber del Estado
Durante su exposición, Ljubetic enfatizó la relevancia del marco normativo propuesto, señalando que "los elementos centrales de la justicia transicional —verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición— son obligaciones del Estado, las que deben cumplir a través de distintos instrumentos. Por eso la importancia de esta iniciativa". El INDH considera que el fortalecimiento institucional de los sitios de memoria constituye un avance en políticas de reparación.
Proyecto presentado en 2025
La propuesta legislativa, ingresada en septiembre de 2025, surge como respuesta a la necesidad de garantizar la continuidad de estos espacios. En sus fundamentos se recuerda que su funcionamiento ha sido "históricamente sostenida" por asociaciones de víctimas, familiares y organizaciones de la sociedad civil, sin un financiamiento estable desde el Estado.
Relevancia para las nuevas generaciones
El director del INDH agregó que el proyecto "conecta, por un lado, los elementos de reparación desde el punto de vista del reconocimiento de lo que ocurrió, la dignificación de las víctimas y, por otro, el conocimiento de las generaciones más jóvenes acerca de lo ocurrido. Es una cuestión importante, porque la memoria no puede descansar en los sobrevivientes, no puede agotarse ni extinguirse con los familiares, sino que tiene que ser algo que nos acompañe como sociedad".
Necesidad de una política pública más robusta
Ljubetic también indicó que los sitios de memoria cumplen un rol esencial en la preservación de la verdad histórica, por lo que su continuidad no debe depender únicamente de organizaciones civiles ni de mecanismos inestables de financiamiento. Entre los aspectos de mejora planteados, propuso fortalecer el rol de la Subsecretaría de Derechos Humanos, otorgándole competencias sustantivas en identificación, protección y financiamiento.
Hacia una política integral de memoria
Finalmente, el INDH reiteró la recomendación de avanzar hacia una política integral de memoria que articule en un solo cuerpo normativo verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.