La diputada por la Región de O’Higgins, Natalia Romero, valoró que el lunes 31 de julio la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja haya aprobado el proyecto denominado “Ley de usurpaciones”.
El proyecto tiene por objetivo tipificar como delito y no una falta, como ocurre en la actualidad, la toma ilegal de una propiedad o de un terreno en el país, considerando el explosivo aumento que se ha producido durante el último tiempo, donde incluso organizaciones criminales se han dedicado a apropiarse de terrenos públicos o privados para lotearlos y venderlos de forma ilícita.
Al respecto, la parlamentaria explicó que la iniciativa surgió en respuesta a la compleja situación que vive el país, la que no sólo ha afectado a miles de propietarios, sino que también ha derivado en graves actuaciones criminales, como el homicidio de un empresario en Concón, quien por querer recuperar justamente un terreno que se encontraba tomado fue asesinado a manos de un sicario.
Por lo mismo, y junto con valorar que el proyecto haya sido despachado por la comisión, la diputada Romero también destacó que se lograra incluir la “flagrancia permanente” en el texto aprobado.
“Con la aprobación de este proyecto, hemos dado un paso absolutamente importante en beneficio de miles de propietarios de nuestro país, pero sobre todo de nuestra Región de O’Higgins, quienes con mucho esfuerzo han adquirido una casa o un terreno para arrendarlo y así mejorar sus condiciones de vida, pero que hoy ven con mucha preocupación cómo han sido usurpados por particulares y el Estado no ha sido capaz de tenderles una mano. Para todos ellos es este proyecto de ley, para que en nuestro país se respete la propiedad privada y enfrentemos con toda la fuerza a quienes se tomen indebidamente una casa o un predio que no les pertenece”, manifestó Romero.
En esa línea, la representante del Distrito 15 explicó que la “flagrancia permanente” autorizará a las policías a acudir en cualquier momento a tratar de restituir una propiedad, puesto que se entenderá que el delito estará siendo cometido durante todo el tiempo en que el lugar se encuentre tomado.
En cuanto a las sanciones, la diputada Romero detalló que se castigará con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo -de 541 días hasta los cinco años- a quienes se apropien de una propiedad utilizando la violencia o intimidación. En tanto, quienes no empleen la violencia para usurpar una casa o un terreno, podrán ser condenados a una pena que va entre 61 días y tres años.
“Esperamos que con esta nueva ley las usurpaciones no sigan quedando impunes en nuestro país y que los propietarios, de una vez por todas, se sientan protegidos por la autoridad. Porque es inaceptable que hoy en día cualquier persona u organización criminal se pueda apropiar de un terreno o una casa, permaneciendo durante años sin que nadie los desaloje”, indicó la legisladora, quien reafirmó que “este proyecto viene justamente a proteger la propiedad privada en el país”.