La diputada por la Región de O’Higgins, Natalia Romero, ha expresado su aprobación por la decisión del Gobierno de retirar de la Contraloría General de la República el reglamento de la denominada “Ley Uber”. Este reglamento había generado una gran preocupación entre las distintas aplicaciones de transporte de pasajeros que operan en Chile debido al impacto potencial de las medidas en los conductores.
A pesar de reiterar su compromiso con la regulación de este servicio para garantizar mayor seguridad tanto a los trabajadores como a los usuarios, la parlamentaria había estado manifestando su preocupación desde principios de año por las numerosas restricciones y exigencias que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Transportes, había decidido incorporar en el reglamento.
Romero destacó la importancia de que el Gobierno aproveche esta pausa para considerar las diversas preocupaciones planteadas por las aplicaciones de transporte. En sus declaraciones, aseguró que “en medio de la grave crisis económica y laboral que estamos viviendo en nuestro país, las actuales autoridades no pueden seguir insistiendo con un reglamento que podría terminar con miles de puestos de trabajo en todo Chile”.
“Más allá de cuál haya sido el motivo para tomar esta decisión, el Gobierno tiene que aprovechar esta pausa para recoger todas las inquietudes que no sólo han manifestado las aplicaciones de transporte de pasajeros, sino que también los propios expertos. Estamos hablando de que sólo un 15% de los conductores que actualmente están registrados podrían seguir trabajando, porque el resto no cumpliría con las exigencias en materia de cilindrada, antigüedad del vehículo o la licencia profesional que se exige. Y esto, de acuerdo con los mismos estudios que se han dado a conocer, provocaría que disminuyera la oferta de viajes en cerca de un 90%”, advirtió la diputada Romero.
En este sentido, la parlamentaria por O’Higgins recordó que a fines del año 2023 presentó un proyecto para extender los plazos que establece la nueva ley, además de aumentar el período en que debería entrar en vigencia, de manera que los conductores que quieran seguir ofreciendo el servicio de transporte cuenten con un tiempo mayor para adecuarse a las distintas exigencias.
Flexibilizar las exigencias
De todas maneras, la diputada Natalia Romero reiteró la necesidad de “flexibilizar” las exigencias que inicialmente propuso el Ministerio de Transportes, asegurando que el objetivo de la ley “era regularizar un servicio que se estaba masificando en nuestro país, pero no restringirlo al mínimo”.
“Cuando hay distintos estudios y académicos que advierten que cerca de un 90% de los viajes no se podrán seguir realizando, porque apenas un 15% de los conductores cumplen con todas las exigencias que está imponiendo el Gobierno, es evidente que se debe revisar por completo este reglamento y hacer las modificaciones que correspondan. Todos queremos un servicio mucho más seguro y profesional, pero estas medidas están terminando con toda la oferta en el país”, manifestó.
Esta decisión del Gobierno y el llamado de la diputada Romero abren la puerta a una posible reestructuración del reglamento, buscando un equilibrio que permita tanto la seguridad como la continuidad del servicio de transporte de pasajeros en Chile.