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¿Cuánto se pagó por cada dosis de las vacunas de Pfizer y AstraZeneca?
En un controvertido pleito judicial se transformó la solicitud del Instituto Anticorrupción de Colombia para que se conozcan, de manera pública, los contratos que suscribió dicho país en la adquisición de vacunas contra el COVID-19 con las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca.
El día viernes 21 de mayo de 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca notificó al Instituto Anticorrupción su decisión de ordenar al Gobierno colombiano entregar, en un término perentorio de tres días hábiles, copias de los contratos suscritos con las farmacéuticas para la compra de vacunas por la pandemia de COVID-19.
El documento filtrado, de carácter reservado y que Hora de Noticias tuvo acceso, es de 132 páginas y señala que por cada dosis de Pfizer el Estado pagó US$12.00 y por cada dosis de AstraZeneca se pagó US$ 6.00. Además, Colombia aceptó asumir el pago de todos los impuestos relacionados con la negociación de las vacunas y eximió de cualquier responsabilidad a los fabricantes por eventuales efectos adversos de las mismas, dada la situación de emergencia que se vive en todo el mundo.
El contrato de Pfizer
El contrato con la farmacéutica Pfizer, suscrito el 2 de febrero de 2021, señala que dicha empresa se encargará de la entrega de 9.999.990 dosis de vacunas en las ubicaciones acordadas y que serán notificadas al menos ocho semanas antes del envío del producto.
Colombia, dice el acuerdo, renuncia “a los derechos y recursos que pueda tener en Derecho” frente a la omisión de Pfizer de desarrollar el producto u obtener la autorización correspondiente en las fechas previstas en el documento o frente a la omisión de Pfizer de entregar las dosis contratadas de acuerdo con el cronograma de entregas.
“Bajo ninguna circunstancia Pfizer estará sujeta o será responsable de sanciones por demoras en la entrega”, dice el acuerdo y agrega que el comprador no podrá bajo ningún motivo devolver productos ya recibidos a conformidad.
El contrato expresa de forma enfática que las vacunas solo podrán ser distribuidas en Colombia y que el comprador se hace responsable de todos los costos que genere el retiro del producto del mercado, a menos que eso sea consecuencia de un acto ilícito cometido de forma voluntaria por Pfizer o alguna de sus filiales.
Señalan que para la firma del acuerdo no hubo ningún tipo de soborno o giro a funcionario público, candidato o partido político. Y finalmente añade que el acuerdo no se podrá cambiar así las leyes del país sean modificadas.
El contrato de AstraZeneca
En el mismo documento que del contrato de Pfizer, se revela el acuerdo suscrito entre el gobierno colombiano y AstraZeneca para el suministro de la vacuna contra el SARS-CoV-2 desde el 15 de diciembre de 2020 por valor total, excluyendo impuestos, de US$59.904.000 millones, "reflejando un precio de US$6.00 por dosis, que es un precio Ex-Factory también conocido como Ex-Works", señala en el punto 5.2 del contrato.
El documento dice además que esta vacuna debe entregarse solo a adultos de 18 años o mayores, en dos dosis de 0,5 milímetros, administrada intramuscularmente con separación de 28 días y apunta a que el biológico debe mantenerse almacenado a 1,8 grados y que tiene una vida útil de 6 meses.
El acuerdo contractual también señala que AstraZeneca facturará al comprador, o sea, a Colombia, el precio total de compra de la siguiente manera: un pago inicial del 60% del precio total a la fecha de ocurrencia de cualquiera de estos eventos, el que ocurra primero: “aprobación de emergencia de la vacuna emitida por el Gobierno en el territorio, o la aprobación regulatoria de la vacuna otorgada por cualquiera de las siguientes agencias regulatorias”.
“El restante 40 por ciento del precio total de compra a la fecha de confirmación de la fecha de la primera entrega de las dosis por AstraZeneca. Adicionalmente, AstraZeneca facturará al comprador los costos de almacenamiento, distribución y destrucción de las dosis, así como los costos y gastos incurridos directamente por o equitativamente asignables a estudios de gestión de riesgo y seguridad posteriores al lanzamiento para las dosis, en cada caso, según lo estipulado con mayor detalle en el presente”, continúa .
Información confidencial
El contrato de AstraZeneca señala, en el punto 15 del mismo, que será información confidencial todos y cada uno de los conocimientos tecnológicos, software, algoritmos, diseños, planos, pronósticos, análisis, evaluaciones, investigación, información comercial y financiera, planes de negocios, estrategias, listas de clientes, planes de comercialización, entre otros. También serán confidenciales los elementos físicos, compuestos, componentes, muestras y otros materiales.
El contrato dice que “la parte receptora” podrá divulgar información confidencial cuando se requiera por ley o por reglamentación o por un proceso legal, judicial, regulatorio o administrativo o por una auditoría.
Igualmente, señala que en caso de una controversia, las partes se someterán a discusiones para su resolución informal entre sus respectivos funcionarios y a la competencia irrevocable y exclusiva de los tribunales ubicados en Colombia.
¿Qué dijo el Instituto Anticorrupción?
En tanto, el Instituto Anticorrupción señaló en su sitio web que "El pasado 10 de agosto de 2021, tanto los medios de comunicación como la ciudadanía tuvieron acceso a las copias del expediente del proceso que reposaban en la página web del Consejo de Estado. Entre los documentos se encontraban las copias de los contratos para la adquisición de vacunas contra el COVID-19, momento en el cual el Instituto Anticorrupción replicó su publicación en su propia página web".
"Tras la difusión de la publicación de los contratos, algunos miembros del Gobierno Nacional aseguraron que dicha acción ha puesto en peligro la ejecución del Plan Nacional de Vacunación", no obstante, ante la preocupación de los ciudadanos colombianos el Instituto Anticorrupción decidió pronunciarse explicando que:
- Las cláusulas de los contratos son vinculantes para quienes lo firman, en este caso el Gobierno Nacional y las farmacéuticas. Al aceptar las cláusulas de confidencialidad, son las partes quienes se ven obligadas a su cumplimiento.
- La publicación de los contratos se realizó por un error involuntario del Consejo de Estado, acción ajena al Gobierno Nacional, por lo que, NO se violaron las cláusulas de confidencialidad.
- La publicación de los contratos ha permitido conocer el blindaje que tienen las farmacéuticas, responsabilizando al Gobierno colombiano ante cualquier incumplimiento ocasionado por ellos.
- Bajo los términos de los contratos, NO es procedente que las farmacéuticas puedan cancelar unilateralmente los contratos ante eventos de publicidad del mismo por terceras partes.
- En otros países se han publicado por orden judicial o se ha filtrado en medios de comunicación, el contenido de los contratos firmados con las farmacéuticas. En ninguno de los casos se perjudicó el suministro de vacunas a la ciudadanía.
Finalmente, el Instituto Anticorrupción de Colombia señala que la publicación de los contratos "no perjudica el Plan Nacional de Vacunación ni la adquisición de las vacunas. Por el contrario, su publicación garantiza el principio legal y constitucional, que funge como base para el ejercicio de los derechos fundamentales y humanos de los colombianos de acceder a la información pública, ejercer control social sobre la gestión y los recursos públicos, respetar el cumplimiento de los principios de gobierno abierto, y sobre todo, salvaguardar el principio de transparencia, fundamental para la lucha contra la corrupción en Colombia".
Contratos firmados en Chile
Los contratos revelados de Colombia podrían no variar mucho con los que el Gobierno de Chile pudiese haber firmado con Pfizer y AstraZeneca, ya que en su mayoría es un documento tipo donde los términos, condiciones y obligaciones son prácticamente similares en casi todos su puntos. Quedaría por dilucidar cuánto pagó Chile por cada dosis de la vacuna.
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