Luego que la tasa de informalidad en el país llegara a un inédito 27,6% entre noviembre 2023 y enero de este año, la cifra más alta desde el primer trimestre del 2020, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la diputada por la Región de O’Higgins e integrante de la comisión de la Familia de la Cámara Baja, Natalia Romero, llamó al Gobierno a impulsar un IFE Laboral 2.0, pero esta vez enfocado exclusivamente en las personas mayores de 55 años y en las mujeres, considerando que de los casi 98 mil “puestos” informales que se crearon en dicho período, un 83,7% corresponden al género femenino, mientras que sólo un 16,3% a hombres.
Al respecto, y junto con calificar como “absolutamente preocupante” y “una muestra más de las brechas laborales que aún persisten en nuestro país”, la parlamentaria advirtió que no es la primera vez que la informalidad se presenta con mayor fuerza en ellas, recordando que del total de los empleos de mujeres que se crearon entre febrero y abril de 2022, un 87,5% fueron sin contrato.
“Las estadísticas proporcionadas por el INE no pueden ser más reveladoras. Cuando hace tres años se informó que la pandemia hizo retroceder más de diez años la participación femenina en el mercado laboral, estas son justamente las estadísticas que confirman aquello. Estamos hablando de que al menos ocho de cada diez trabajos informales que mensualmente se ‘crean’ en nuestro país, terminan siendo ocupados por mujeres. Y eso, en gran medida, tiene que ver con las brechas que aún persisten en el país y por la permanente negativa -asociada a diversas razones- a emplear de manera formal a las mujeres, con un contrato de por medio”, lamentó la legisladora por O’Higgins.
Por lo mismo, Natalia Romero solicitó al Gobierno -en específico a los ministerios de Hacienda y de Trabajo- implementar un nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Laboral en el país, en los mismos términos que existía anteriormente, que le permita a las mujeres que accedan a un contrato de trabajo recibir un aporte adicional correspondiente al 60% de su remuneración bruta -con cargo al Estado-, con un tope mensual de $300 mil pesos y durante un período establecido de tiempo.
Pero además, la representante del Distrito 15 llamó al Ejecutivo a extender la medida a las personas mayores de 55 años, considerando que la cesantía en dicho tramo ha aumentado progresivamente -a más del doble- durante los últimos cinco años, sin contar el tiempo que pueden demorarse en encontrar un trabajo, donde por ejemplo los mayores de 60 años tardan -en promedio- once meses.
“Si no implementamos, a la brevedad posible, una política pública que fomente la contratación de mujeres y de los mayores de 55 años, lo que terminará pasando es que la informalidad seguirá creciendo y llegaremos a un punto de no retorno en el país. Y para eso ya tenemos la experiencia del IFE Laboral, que al menos hoy nos parece la herramienta más adecuada si queremos frenar esta grave alza y estimular la creación de nuevos empleos para todos ellos”, reafirmó la parlamentaria.