En el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia anunció que, para fines de este año, las pensiones de reparación de personas que son parte de los informes Rettig y Valech, y exonerados y exoneradas políticas, no serán consideradas como ingresos en el cálculo de la Calificación Socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH).
Se trata de una importante corrección administrativa que beneficiará directamente en el país a 13.427 hogares (23.180 personas), que bajarán de tramo en su Calificación Socioeconómica, y que fue informada hoy a representantes de agrupaciones y beneficiarios de pensiones de reparación en el Palacio de La Moneda. Esto permitirá a quienes bajen a los tramos de mayor vulnerabilidad acceder a beneficios del Estado.
El Gobierno determinó realizar esta corrección atendiendo a que la naturaleza de las pensiones de reparación es distinta al no encontrarse asociadas al ingreso proveniente del mercado laboral, sino que representan actos de desagravio a familias y personas que sufrieron violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, destacó que “como Estado y autoridades tenemos el deber de ir siempre más allá, sobre todo cuando se trata de la defensa de los Derechos Humanos, y hacernos cargo también de cuando es necesario corregir políticas públicas que ayudarán a hacer justicia. Nos parece que es de toda justicia que finalmente estas pensiones de reparación no terminen implicando una exclusión o limitación de acceso a distintos beneficios del Estado, distintos elementos de la protección social”.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, detalló que “esta instancia ha permitido hablar de los otros aspectos que son relevantes, entre otros, aquellos que tienen que ver con la corrección legal de esas incompatibilidades, los déficits que tenemos en el programa PRICE, que también ha sido una preocupación relevante del Ejecutivo y de los otros aspectos asociados a la Agenda de Derechos Humanos en el caso de las personas que son sobrevivientes de tortura y prisión política”.
La subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, señaló que “la corrección que estamos haciendo era una demanda sentida y fue valorada por las y los dirigentes de agrupaciones de quienes fueron víctimas de la dictadura y que nos acompañaron hoy en el anuncio. No correspondía que quienes reciben pensiones de reparación se vieran imposibilitados y limitados a acceder a prestaciones sociales que usan al Registro Social para conceder prestaciones. Esta medida permitirá caracterizar de mejor manera la situación socioeconómica de los hogares y que aquellos que estén en los tramos de mayor vulnerabilidad puedan acceder a las políticas sociales que les corresponden”.
Representando a las y los sobrevivientes de la dictadura, Nelson Aramburú agradeció a las autoridades, asegurando que “esta corrección que subsana un problema serio que tenemos a nivel social básico para la postulación de vivienda, para tratamientos de salud, e incluso para temas educacionales. Esta corrección nos ayuda en concreto. Somos una generación en extinción y una generación que durante mucho tiempo ha estado abandonada”.
¿Qué dijo la seremi de Desarrollo Social?
A nivel regional, la seremi de Desarrollo Social y Familia, Nayadeth Ahumada, anunció que esta corrección administrativa beneficiará directamente a 5.088 personas de la Región de O’Higgins, entre ellos; 4.136 exonerados, 33 (Informe Rettig) y 919 (Informe Valech).
“Para el Gobierno del Presidente Gabriel Boric es muy importante esta corrección en el cálculo de la Calificación Socioeconómica del Registro Social de Hogares, permitiendo que más de 5 mil personas de la región que reciben bonos de reparación, no se les considere estos aportes como ingresos económicos en el RSH. Esperamos que dentro de muy poco estos cambios se vean reflejados para el beneficio de cada uno ellos y ellas”, destacó la Seremi de Desarrollo Social y Familia, Nayadeth Ahumada.
Este anuncio se enmarca en una serie de mejoras continuas en el cálculo de la Calificación Socioeconómica (CSE) del Registro Social de Hogares (RSH) que seguirán comunicándose durante el último trimestre de este año.