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El reciente Catastro Nacional de Campamentos 2024-2025 de Techo-Chile reveló un aumento alarmante en el número de familias viviendo en asentamientos informales a nivel nacional. En este contexto, la diputada por la región de O’Higgins, Natalia Romero, manifestó su preocupación por el crecimiento sostenido de esta problemática, especialmente en su territorio.
Crece el número de campamentos a nivel nacional
El informe de Techo-Chile señaló que actualmente existen 1.428 campamentos en el país, donde habitan 120.584 familias. Esta cifra representa un incremento del 10,6% respecto a la medición anterior, y se convierte en el número más alto desde 1996. Solo entre 2023 y 2025, cerca de 6.000 nuevas familias pasaron a vivir en estas condiciones.
Región de O’Higgins registra alza en asentamientos informales
En la región de O’Higgins, los asentamientos crecieron de 54 a 57, superando las 5.600 personas que viven sin acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad o alcantarillado. De esta cifra, 1.673 corresponden a niños, niñas y adolescentes. Ante este escenario, la diputada Natalia Romero afirmó: “Esta cifra no solo es preocupante, sino que nos habla de una emergencia habitacional silenciosa que se está profundizando. Detrás de estos números hay familias completas que han debido optar por los campamentos como única alternativa para tener un techo”.
Inseguridad y conflictos en sectores vulnerables
La parlamentaria advirtió que muchos de estos campamentos se están transformando en focos de incivilidades, lo que pone en riesgo tanto a sus habitantes como a las comunidades vecinas.
“Además de la precariedad y la falta de servicios, en muchos sectores los campamentos se están convirtiendo en zonas donde aumentan los conflictos sociales, la inseguridad y la desprotección. Es una realidad que debe visibilizarse y abordarse con urgencia, porque está impactando directamente en la calidad de vida de miles de personas”, declaró.
Factores estructurales agravan la crisis habitacional
Romero explicó que los altos precios de arriendo, los bajos ingresos y la lentitud en la entrega de viviendas definitivas perpetúan la situación. “Hay familias que llevan más de una década esperando una solución habitacional. Mientras tanto, siguen viviendo en la incertidumbre, expuestas a enfermedades, incendios o situaciones de violencia. Es una realidad profundamente injusta que no puede seguir normalizándose”, añadió.
A pesar de avances, la deuda persiste
Si bien algunos indicadores del déficit habitacional se han estabilizado desde 2020, la parlamentaria subrayó que el crecimiento de los campamentos refleja una deuda pendiente del Estado con quienes aún no acceden a una vivienda digna y segura.