A más de nueve meses de la primera inundación que afectó gravemente a la Región de O’Higgins, la diputada por el Distrito 15 e integrante de la comisión de la Familia de la Cámara Baja, Natalia Romero, ofició esta semana al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), como también a la dirección regional del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), luego que distintos damnificados de la tragedia de junio denunciaran que las “gift card” que el Gobierno les entregó para comprar materiales de construcción, y cuyo monto llegaba hasta los $1,8 millones de pesos, están siendo rechazadas en el comercio, supuestamente por el no pago de dichos recursos por parte del Estado.
Al respecto, y junto con calificar como “absolutamente grave” lo señalado por las familias afectadas, la parlamentaria aseguró que, de acuerdo a los testimonios que ha recabado, las distintas ferreterías de la zona y otros locales similares ya no estarían aceptando esa tarjeta como medio de pago, argumentando que desde el Serviu no habrían -a la fecha de la denuncia- reembolsado los montos.
En ese sentido, y tras conocer de la situación, la representante de O’Higgins ofició rápidamente al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes; al director regional del Serviu, Omar Gutiérrez, y a la secretaría regional del Minvu en la zona, no sólo para que puedan referirse directamente a la denuncia que realizaron algunos damnificados, sino que también para que -de ser efectiva- den a conocer todas las medidas de contingencia que adoptarán para garantizar el uso de dicha tarjeta.
“Lo que han denunciado algunas familias damnificadas de las inundaciones del año pasado es absolutamente inaceptable e, incluso, denigrante, porque los vuelve a ubicar en una situación de total abandono. Las autoridades anunciaron con bombos y platillos las distintas ayudas que entregarían a quienes sufrieron con las emergencias del mes de junio, sobre todo en las comunas de Coltauco, Doñihue y Rengo, pero resulta que una de esas medidas, que era esta famosa ‘gift card’ de hasta 1,8 millones para la compra de materiales de construcción, ya no estaría siendo aceptada en las ferreterías porque el Estado no habría reembolsado esos recursos”, cuestionó la legisladora.
En esa línea, la diputada Natalia Romero expuso en su oficio de fiscalización que lo anterior “resulta preocupante no sólo por la tardanza en el apoyo brindado a las familias que sufrieron pérdidas materiales con ocasión de la catástrofe, sino que también porque los mecanismos dispuestos para ello derechamente no estarían funcionando”, agregando que lo anterior ha dejado “a las familias, por ejemplo de Coltauco, en una situación de desamparo económico y sin ningún tipo de ayuda”.
Al respecto, cabe recordar que la primera inundación dejó a unos 9.500 damnificados, causando la destrucción total de 307 viviendas, mientras que casi 4.000 quedaron con daños mayores y menores.
Por lo mismo, la parlamentaria por el Distrito 15 aprovechó la ocasión para consultar sobre el avance de las ayudas comprometidas por el Gobierno, recordando también que meses atrás denunció que las viviendas de emergencias instaladas en la zona aún no tenían habilitado los servicios básicos.
“Lo que han denunciado los vecinos damnificados es de toda gravedad y, de ser efectivo, las autoridades centrales y regionales deberán entregar una muy buena explicación. Fue el propio Presidente Gabriel Boric quien aseguró que no abandonaría a quienes perdieron su vivienda, pero resulta que estamos pronto a cumplir un año de la primera inundación que sufrimos en nuestra zona, y aún existen muchos compromisos que están pendientes”, cuestionó la parlamentaria.