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El reciente rechazo en el Congreso Nacional a un proyecto de ley que buscaba prohibir el nepotismo en la administración pública ha reavivado el debate sobre los conflictos de interés en el Estado. La iniciativa, que pretendía impedir el nombramiento de familiares de autoridades hasta el tercer grado de consanguinidad, exceptuando el Sistema de Alta Dirección Pública, fue archivada pese a las críticas de expertos en transparencia y probidad.
Académica critica vacíos legales y resistencia política
La Dra. Dominnique Luan, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), señaló que el sistema actual es insuficiente: “En la actualidad, las limitaciones en los nombramientos se reducen generalmente a la calidad familiar con el director del servicio al que se postula, y no a toda autoridad de la que pudiese depender dicho servicio. Eso se intentaba frenar con esta ley”.
Intereses políticos
Luan atribuyó el fracaso de la iniciativa a intereses políticos: “Son precisamente intereses políticos y las formas en que se han utilizado dichas facultades para beneficiar a allegados y familiares lo que ha impedido acuerdos. Hay una resistencia a limitar una práctica que ha estado naturalizada en distintos niveles del poder”.
Debate constitucional y propuestas para evitar favoritismos
Sobre la constitucionalidad de restringir estos nombramientos, la experta reconoció que podría haber discusión en ascensos internos, pero sostuvo que “en nombramientos futuros no se ve mayor problema con la limitación. El valor de la fe pública y la probidad son justificantes suficientes para establecer estos límites”.
Como alternativa, propuso un modelo de “contratación ciega”, similar al de concursos como Fondecyt o Becas Chile, donde se oculta la identidad de los postulantes. “Creo que una idea de esta naturaleza, al impedir la intromisión directa de la política en los nombramientos, podría ser una vía efectiva para resolver estos casos”, afirmó.
Fortalecimiento de servicios técnicos y confianza ciudadana
La académica también enfatizó la necesidad de robustecer los organismos técnicos del Estado para que las contrataciones se basen en méritos y no en conexiones políticas o familiares. “Reducir la posibilidad de designaciones injustamente beneficiosas por afinidad familiar o política es clave para proteger la confianza ciudadana”, concluyó.