En una movida que busca esclarecer la legalidad y coherencia de una reciente resolución del Servicio de Impuestos Internos (SII), la diputada Natalia Romero, representante por la Región de O'Higgins y subjefa de la Bancada UDI, ha presentado este miércoles 13 de marzo una solicitud ante la Contraloría General de la República. La solicitud está dirigida a cuestionar la viabilidad de la resolución 132 del SII, que entró en efecto el 1 de marzo de este año. Esta resolución obliga a plataformas digitales como Uber a emitir una boleta de honorarios mensualmente a todos sus conductores, reteniendo así el 13,75% de sus ganancias.
Si bien la diputada reconoce la importancia de que los trabajadores sean incorporados al régimen de seguridad social del país, señala una aparente contradicción en la aplicación de esta medida. Aunque la resolución busca regularizar la situación de los conductores y permitirles acceder a los sistemas de seguridad social, aún no ha entrado en vigencia la llamada "Ley Uber", lo que significa que estos trabajadores continúan operando en un limbo legal.
Romero argumenta que esta discrepancia puede generar confusión e inseguridad entre los trabajadores, quienes podrían seguir siendo fiscalizados y tratados como "irregulares" por otras autoridades, a pesar de los esfuerzos del SII por formalizar su situación. La diputada enfatiza que mientras algunos entes estatales reconocen la legalidad de la actividad de los conductores, otros siguen imponiendo sanciones, lo que considera injusto.
En su solicitud a la Contraloría, Romero pide que se pronuncien sobre esta aparente contradicción entre la formalización de las actividades a través de la emisión de boletas de honorarios y las fiscalizaciones y sanciones que aún enfrentan los conductores por operar en una condición de informalidad o irregularidad.
La diputada sostiene que hubiera sido más apropiado que la implementación de la resolución del SII coincidiera con la entrada en vigor de la "Ley Uber". Esta acción, según Romero, habría brindado mayor claridad y seguridad jurídica a los conductores, quienes actualmente enfrentan incertidumbre sobre su situación laboral y legal.