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El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, presentó una serie de propuestas destinadas a modificar el sistema penal y judicial chileno, endureciendo las penas incluso para delitos menores. Una de sus ideas más polémicas sugiere que un ladrón de un chocolate “Super 8” de $550 enfrente cinco días de cárcel, medida que ha sido ampliamente calificada como populista y desproporcionada.
Un castigo costoso para el Estado
Según datos oficiales de Gendarmería de Chile, mantener a un interno en prisión tiene un costo promedio mensual de $983.424 en el sistema tradicional y $922.376 en el sistema concesionado. Estas cifras corresponden al gasto promedio registrado entre enero y diciembre de 2022, considerando remuneraciones del personal, alimentación, agua, electricidad y otros costos operacionales.
El cálculo diario indica que mantener a una persona encarcelada cuesta cerca de $32.781. Así, si una persona fuera enviada a prisión durante cinco días por robar un chocolate, el Estado debería desembolsar aproximadamente $163.905, cifra que supera con creces el valor del producto robado.
Desproporción entre delito y gasto público
El contraste entre el costo del castigo y el valor del bien sustraído evidencia una profunda desproporción. En términos económicos, encarcelar a alguien por robar un artículo de bajo valor resulta irracional: el gasto estatal sería más de 300 veces superior al perjuicio causado.
Además, Gendarmería aclara que el gasto promedio mensual “no necesariamente está asociado a la mantención directa de la población penal”, ya que corresponde a “la suma de gastos de todo lo que permite el normal funcionamiento de cada recinto que alberga a personas privadas de libertad”.
Una propuesta considerada populista
La medida de Kaiser ha sido catalogada como un “ofertón populista”, al buscar capitalizar el descontento ciudadano frente a la delincuencia mediante sanciones simbólicas pero ineficaces. Lejos de fortalecer la justicia o la reinserción, la iniciativa podría agravar la sobrepoblación penal y aumentar el gasto público, sin generar un impacto real en la seguridad ciudadana.
