El delito de robo de cables sigue afectando fuertemente a las instalaciones y clientes de CGE, compañía distribuidora que presta servicio a más de 3,2 millones de clientes, entre las regiones de Arica y Parinacota y La Araucanía.
Según datos de la distribuidora, entre enero y diciembre de 2023, se registraron 1.223 eventos de robo de cable a lo largo de su zona de concesión, contabilizando 196 kilómetros de líneas robadas (195.870 metros) de conductor eléctrico sustraído desde sus instalaciones, con el consiguiente daño o destrucción de postes, transformadores, cables y otra infraestructura clave para suministrar el servicio eléctrico.
Para tener una dimensión de la extensión del delito, la cantidad de cable sustraído desde instalaciones de CGE equivale a la distancia entre las ciudades de Santiago y Curicó.
Estos robos, realizados en la mayoría de los casos por bandas organizadas, tuvieron como consecuencia que 442.266 clientes de la compañía vieran afectada la calidad y continuidad de su suministro eléctrico durante largas horas, producto de los extensos trabajos que deben realizar las brigadas de la compañía para reponer la infraestructura dañada o destruida por delincuentes.
Francisco Jaramillo, subdirector de Operaciones de CGE, señaló que “el robo de cables eléctricos ha tenido un aumento exponencial en los últimos años y es necesario que las autoridades tomen cartas en el asunto. Nosotros como compañía realizamos las denuncias respectivas, pero es necesario perseguir y desarticular a estas bandas, ya que su accionar afecta directamente a miles de familias a lo largo del país”.
Además, estas acciones de hurto tuvieron como consecuencia cuatro personas fallecidas y tres lesionadas. “Esta situación es muy lamentable y provoca un gran dolor a las familias de los afectados y para nosotros mismos como Compañía”, sostuvo el ejecutivo.
En 2022, la compañía registró un aumento de más de 200% en la cantidad de cable de cobre robado respecto de 2021, con un total de 932 eventos y 402 mil clientes de CGE afectados en su suministro.
Respecto del costo de reposición de infraestructura dañada o destruida por estas bandas delictuales, en el primer semestre de 2023 alcanzó a 3.544 millones de pesos.
Si bien este es un delito que está extendido por todo el territorio donde opera CGE, las zonas que registran un mayor número de incidentes son las regiones de O'Higgins, con 577 episodios (43,7 kilómetros de cable de cobre robado), seguido por Antofagasta, 158 episodios (17,1 kilómetros); Arica-Tarapacá, con 121 episodios (28,8 kilómetros); Coquimbo con 101 episodios (40 kilómetros); Atacama, con 75 episodios (19,7 kilómetros); Maule, con 63 episodios (21,4 kilómetros), entre otros.
“Cada vez que se interrumpe el suministro eléctrico, las empresas grandes y pequeñas de la zona no pueden trabajar normalmente, los servicios públicos presentan problemas en el suministro, los colegios o la red de salud se ven obligados a suspender sus actividades y las personas pueden enfrentar problemas de seguridad pública. En suma, el delito afecta la calidad de vida de las personas”, señaló Francisco Jaramillo.
El ejecutivo hizo un llamado a las autoridades a combatir este delito con mayor fuerza, dado el impacto que este tiene para las comunidades. “Como CGE, participamos activamente en las mesas de trabajo que las autoridades, de distintas regiones, han impulsado para combatir este delito. A su vez, en los casos en que detectamos afectación a las redes de CGE, realizamos la denuncia ante Carabineros y el Ministerio Público, para luego interponer acciones legales que permitan perseguir a los autores de estos delitos”, concluyó.