Los fiscales judiciales de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Álvaro Martínez y Joaquín Nilo, realizaron durante mayo una serie de fiscalizaciones a notarías, conservadores de bienes raíces y archiveros judiciales de la jurisdicción, en el marco de las nuevas atribuciones establecidas por la Ley 21.772 que moderniza el sistema notarial chileno.
¿Qué establece la nueva Ley de Modernización Notarial?
La Ley 21.772 introdujo cambios relevantes al sistema notarial del país, entre ellos el fin de los cargos vitalicios mediante la fijación de un límite de edad de 75 años para el ejercicio de estas funciones. Además, incorpora concursos públicos bajo el sistema de Alta Dirección Pública para la designación de estos cargos.
Las fiscalizaciones desarrolladas por los fiscales judiciales forman parte de las nuevas responsabilidades asignadas por esta normativa.
¿Qué aspectos fueron revisados durante las visitas?
Acompañados por sus respectivos equipos técnicos, los fiscales se constituyeron en distintos oficios de la jurisdicción para revisar antecedentes relacionados con su funcionamiento, la aplicación de tarifas y el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.
Álvaro Martínez explicó que las inspecciones tienen por finalidad "analizar su funcionamiento, revisar que los aranceles de los trámites entregados a la comunidad estén de acuerdo con la normativa vigente y que se cumplan con los estándares relacionados con las declaraciones de patrimonios e intereses".
¿Por qué son importantes estas fiscalizaciones?
Las visitas buscan verificar que los servicios prestados por notarías, conservadores y archiveros se ajusten a los estándares exigidos por la legislación, fortaleciendo la transparencia y el correcto funcionamiento de estos organismos auxiliares de la administración de justicia.
Asimismo, permiten supervisar el cumplimiento de las obligaciones que incorpora la nueva normativa.
¿Cómo impactan estas medidas a los usuarios?
El fiscal judicial Joaquín Nilo destacó que esta labor tiene un efecto directo en la ciudadanía, señalando que "este trabajo es muy relevante para los habitantes de la región, quienes día a día son usuarios de estos organismos auxiliares de la administración de justicia en diversas materias".
Agregó que el equipo técnico conformado está enfocado en el análisis de tarifas y gestión, con el objetivo de fortalecer el acceso a la justicia para las personas.