En el marco del convenio y mesa de trabajo que lidera el Gobierno Regional para definir acciones y abordar problemas causados por las subdivisiones rurales, la División de Planificación y Desarrollo Regional (Diplade) del Gobierno Regional, realizó la primera jornada de evaluación con las municipalidades de la región con las cuales se han desarrollado acciones conjuntas de fiscalización.
En la jornada participó el gobernador regional Pablo Silva Amaya, quien destacó la función de velar por el desarrollo armónico y equitativo de los territorios de la región. En esa línea, la primera autoridad de la región destacó el rol del Gobierno Regional, que desde fines del año 2021, ha impulsado la coordinación del Convenio de Colaboración Institucional de la Mesa Regional del D.L. N°3.516, instancia que involucra a los entes con competencia fiscalizadora; Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el SAG y la Conaf, los cuales a la fecha han fiscalizado en conjunto proyectos en seis comunas de la región.
A partir de este convenio, la Mesa Regional ha elaborado una pauta de fiscalización y un informe tipo, con el objetivo de apoyar la labor fiscalizadora y de denuncia de los municipios frente a la identificación de irregularidades en la eventual utilización de suelos rurales para el desarrollo de proyectos inmobiliarios al margen de la planificación.
Al respecto, el gobernador destacó la importancia de la asistencia de representantes de las comunas en la jornada, “porque este es un trabajo colaborativo y es muy importante el compromiso de los municipios en este proceso, con la finalidad de velar que el territorio se utilice de manera correcta, a través de un desarrollo responsable y sostenible de nuestra región”.
La instancia contó con la exposición por parte de los equipos de las municipalidades de Codegua, Las Cabras, Machalí, Navidad y Chépica. Junto con ello, Karina Olivares, jefa regional de la Superintendencia del Medioambiente de la Región de O’Higgins reforzó el cómo identificar causales de posible elusión en subdivisiones prediales amparadas en el Decreto Ley 3.516. Acerca del Rol del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en el proceso de denuncia expuso Nicolás Escobar, abogado litigante de la Unidad de Medio Ambiente del CDE y, finalmente, las acciones de denuncia a partir del enfoque del Servicio Nacional del Consumidor, estuvieron a cargo de Rodrigo Cáceres, fiscalizador del Sernac O’Higgins.
A través de esta actividad se espera retroalimentar el modelo de trabajo desarrollado por la coordinación regional, implementar mejoras al proceso de fiscalización y denuncia, así como dar cumplimiento a la obligación de fiscalización establecida en el decreto, contribuyendo a disminuir las problemáticas asociadas a la proliferación de parcelaciones en zonas rurales no planificadas para ello.