Llamadas comerciales en Chile deberán identificarse con nuevos prefijos desde agosto

Desde el miércoles 13 de agosto, todas las llamadas comerciales en Chile deberán comenzar con un prefijo que indique su origen, diferenciando si fueron solicitadas o no por el usuario. Esta normativa, impulsada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), busca aumentar la transparencia y resguardar los derechos de los consumidores frente a comunicaciones publicitarias.

Cómo funcionará el nuevo sistema de prefijos

La medida establece dos códigos específicos: el 600 para llamadas solicitadas por el cliente, y el 809 para aquellas no solicitadas, como campañas de promoción o ventas. El plazo oficial para que las empresas implementaran estos cambios venció el 7 de agosto de 2025, lo que requirió modificaciones técnicas en centrales telefónicas y plataformas de llamadas automatizadas para cumplir con la diferenciación.

Impacto en la relación con los consumidores

Esta nueva regulación afecta a las empresas que realizan campañas publicitarias telefónicas para promocionar o vender sus productos y servicios. No se trata sólo de cumplir la ley, sino de construir relaciones más transparentes y efectivas con los clientes. Las compañías deben adaptarse a este cambio en un contexto de mercado con consumidores y clientes cada vez más exigentes.

Recomendaciones para cumplir con la normativa

Las principales sugerencias para que las empresas se ajusten al nuevo sistema incluyen revisar políticas de privacidad y métodos de captación de datos, verificar que las herramientas telefónicas soporten los nuevos prefijos, evaluar el funcionamiento si se utilizan contact centers internacionales y capacitar al personal en gestión ética de datos y cumplimiento legal.

Un cambio alineado con nuevas leyes

Esta exigencia se enmarca en un escenario de mayores regulaciones, como la entrada en vigencia en diciembre de 2026 de la Ley 21.719 de Protección de Datos Personales, que contempla consentimiento explícito para el uso de datos, derecho a la portabilidad de la información y multas de hasta 20.000 UTM por incumplimiento.