Índice del Contenido
Funcionarios de la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en la Región de O’Higgins continúan desplegados en terreno, realizando labores de fiscalización en bocatomas, canales, tranques y embalses, luego de las intensas lluvias que afectaron a la zona. Estas acciones se enmarcan en la Resolución Exenta N°1007 del 9 de mayo de 2025, que establece el cierre obligatorio de captaciones hasta el 15 de septiembre.
Medida preventiva para evitar emergencias
La normativa busca asegurar el libre escurrimiento del agua en cauces naturales, con el objetivo de reducir el riesgo de desbordes que puedan afectar a la población y la infraestructura crítica. Además del cierre de captaciones, la resolución obliga al retiro de estructuras que dificulten el flujo del agua, como pretiles o las conocidas “patas de cabra”.
Seguridad de la población como prioridad
La seremi del MOP O’Higgins, María de los Ángeles Latorre, destacó la importancia de esta medida preventiva: “Esta medida es fundamental para prevenir situaciones de emergencia en zonas donde históricamente se han registrado desbordes por crecidas. Como Ministerio de Obras Públicas estamos trabajando de manera preventiva para resguardar la seguridad de las personas y evitar daños a viviendas, caminos y sistemas productivos”.
Instrucciones a usuarios de cauces naturales
Durante este periodo, se ha instruido a Juntas de Vigilancia, Asociaciones de Canalistas y Comunidades de Aguas a cerrar las bocatomas y mantener limpios los canales. También deben cumplir estas disposiciones los administradores de tranques y embalses, quienes deben asegurar que el agua almacenada no represente un riesgo para las comunidades aledañas.
Fiscalización en terreno y sanciones
La directora regional de la DGA, Dayanna Aravena, informó que “como Dirección General de Aguas estamos desplegados en todo el territorio realizando fiscalizaciones, levantando información técnica y verificando el cumplimiento de esta resolución. Nuestro propósito es evitar que el uso de infraestructura de riego comprometa el comportamiento hidráulico natural de los ríos, sobre todo en momentos donde las precipitaciones puedan ser intensas y provocar crecidas repentinas”.
Multas por incumplimiento
Este trabajo se realiza en conjunto con la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP, municipalidades, la Comisión Nacional de Riego (CNR) y el Senapred. En caso de incumplimiento, las sanciones van desde 51 a 500 UTM, es decir, entre $3,5 millones y $34,3 millones, sin perjuicio de otras acciones legales que puedan aplicarse.