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Entre enero y julio de 2025, la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas resolvió 1.192 expedientes de fiscalización, de los cuales 434 terminaron en multas. Las cifras se mantienen en niveles similares a las del año pasado en el mismo período, consolidando un ritmo histórico de control sobre el uso de los recursos hídricos.
Fiscalización proactiva y denuncias ciudadanas
El director general de Aguas del MOP, Rodrigo Sanhueza, detalló que el 61% de las investigaciones (727 casos) fueron iniciadas de manera proactiva por la DGA, mientras que el 39% restante respondió a denuncias de la ciudadanía. “La DGA ha continuado con el mismo ritmo de fiscalización que el año pasado, que en sí ya fue una cifra récord, y si comparamos con el período enero-julio de 2022, cuando a esa fecha se habían resuelto 641 expedientes, el aumento es de casi el doble. Esto responde a que se reforzó el equipo de fiscalizadores e incorporó tecnología para complementar las inspecciones en terreno y análisis de antecedentes”, afirmó.
La ministra de Obras Públicas, Jessica López, también subrayó que “las fiscalizaciones resueltas de estos 7 meses superan las 1.183 fiscalizaciones resueltas todo el año 2020. Esto refleja el compromiso decidido de este Gobierno de velar por el correcto uso de las aguas y avanzar en seguridad hídrica”.
¿Qué dijo la seremi del MOP O’Higgins?
Desde la región, la seremi del MOP O’Higgins recalcó la importancia de la labor de control hídrico. “Hoy enfrentamos un momento histórico en el uso del agua. Por eso, las fiscalizaciones que realiza la DOH son fundamentales: buscamos que cada gota se utilice de manera responsable. Haber duplicado la cantidad de fiscalizaciones refleja que, como Ministerio y Gobierno, estamos ocupándonos con decisión de esta problemática”, aseguró.
Principales infracciones y sanciones aplicadas
Las multas más frecuentes correspondieron al incumplimiento del Sistema de Monitoreo de Extracciones Efectivas (38%), obras no autorizadas en cauces (37%), extracción no autorizada de aguas (15%) y extracción de áridos sin autorización (4%).
De los fiscalizados, el 64% corresponde a personas jurídicas y el 36% a personas naturales. En total, las sanciones aplicadas alcanzan los $4.525 millones, equivalentes a 65.659 UTM.
Nueva ley de fiscalización
En abril entró en vigencia la nueva ley que simplifica el procedimiento sancionatorio, permitiendo corregir infracciones menores sin multa si se subsanan en el plazo otorgado. También se agilizan los tiempos de tramitación, se habilitan notificaciones digitales y se otorgan descuentos en el pago de sanciones cuando los infractores se allanan anticipadamente.
Desde su implementación, se han registrado 53 casos en que los usuarios aceptaron los cargos, logrando rebajas en las sanciones y compromisos de regularización de obras.