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El pasado miércoles 23 de abril se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.740, que moderniza el Código de Aguas en materia de fiscalización y vigilancia por parte de la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas (MOP). Entre sus principales cambios destacan la reducción de tiempos de tramitación, la notificación digital, incentivos para el pago oportuno de multas y la posibilidad de corregir infracciones menores sin sanciones.
Mayor eficiencia en la fiscalización hídrica
La ministra de Obras Públicas, Jessica López, destacó que esta reforma busca agilizar los procesos de fiscalización y promover el uso responsable del agua. “Estas nuevas atribuciones permitirán a la DGA agilizar sus procedimientos de fiscalización, entregando a la ciudadanía una respuesta oportuna frente a posibles infracciones, pero sobre todo permite a quienes incurren en pequeñas faltas enmendar el error y no ser multados. Como Ministerio no tenemos como objetivo la recaudación fiscal, sino la vigilancia del buen uso de las aguas”, explicó.
Rodrigo Sanhueza, director general de Aguas, resaltó que el proyecto, ingresado en diciembre de 2023, logró consensos en solo 16 meses. “La modificación legal faculta a los municipios y otros órganos del Estado ejecutar las medidas ordenadas por la DGA, como la paralización de obras; y posibilita que las notificaciones puedan realizarse de manera presencial o por medios electrónicos”, señaló.
Nuevas herramientas para una fiscalización más ágil y justa
La seremi del MOP en O’Higgins, María de los Ángeles Latorre, afirmó que esta ley responde a una necesidad urgente en la región y el país. “Con estas nuevas herramientas, la DGA podrá actuar con mayor agilidad, fortaleciendo la fiscalización en forma justa y eficiente, con el propósito de resguardar el recurso hídrico”, sostuvo.
Entre las principales innovaciones de la ley se encuentran:
- Procedimiento simplificado para infracciones menores: Aplicable a sanciones entre 10 y 500 UTM, infracciones en zonas de escasez hídrica o aquellas que no requieran fiscalización en terreno. Los infractores podrán aceptar los cargos con un 25% de descuento en la multa si lo hacen antes de presentar descargos.
- Paralización inmediata de extracciones ilegales: La DGA puede ordenar el cese de extracciones no autorizadas en zonas de escasez o cuando afecten el consumo humano.
- Plazo de 30 días para corregir faltas leves: Si se subsanan las irregularidades en este plazo, se evita la apertura de un expediente sancionatorio.
Incentivos al pago oportuno de multas
La normativa también introduce beneficios para quienes cumplan con sus obligaciones a tiempo. Quienes paguen la multa dentro de los 9 días hábiles posteriores a la notificación, sin presentar un recurso de reconsideración, obtendrán un 25% de descuento. Esta medida busca fomentar el cumplimiento voluntario y reducir la judicialización de los casos.
Con estas modificaciones, la DGA espera optimizar su labor de fiscalización, priorizando la protección del agua como un recurso estratégico para el país.